Columna escrita por Alejandro Wasiliew, Elizabeth Miranda y Magda Montero, Equipo de Educación de Fundación Wazú.
Los medios tradicionales de comunicación, en especial la televisión por medio de sus matinales y noticiarios, han puesto la atención de la ciudadanía en la falta de seguridad. La cobertura de robos violentos y asesinatos por lo general cuenta con declaraciones de víctimas y carabineros en calidad de contraparte de los delincuentes. En estos últimos rara vez hay mayor detención. Solo se les expone como victimarios, sin mayor indagación en las causas de su actuar. En la misma línea, la cobertura de los delitos suele excluir el punto de vista de expertos que han investigado el fenómeno desde las universidades, de los centros de pensamiento y de las organizaciones de la sociedad civil.
Un efecto del modo en el que se cubren los hechos delictuales es la identificación con las víctimas y la desvinculación con los victimarios. Así, se establece un orden dicotómico de buenos, que incluye a las víctimas en potencia que vendríamos siendo “nosotros”, y de malos, que serían esos “otros” de los que ya sabemos lo suficiente: se trata de delincuentes. En base a este relato cabe preguntarse por el modo pensamos y entendemos nuestra sociedad. ¿Quiénes la conformamos? ¿Qué significa que alguien sea un “anti-social”?
Como han señalado Uceda-Meza y Domínguez (2017), la vulneración de derechos y exclusión social juegan un rol en la adopción de conductas delictivas. Las formas divergentes del neurodesarrollo, relacionadas indirectamente con falta de oportunidades, también pueden cumplir un papel en las causas que llevan a una persona a traspasar el límite de la ley. El desarrollo neurocognitivo del ser humano es naturalmente diverso, sin embargo, existe una neuronorma social desde la que se establece lo que se considera “normal” y su contracara, lo “anormal”. En esta segunda categoría suele ubicarse a las personas autistas, disléxicas, con trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH), entre otras. Esta comprensión limitada y limitante da lugar a una serie de barreras que impactan en las trayectorias de vida de la población neurodivergente, en especial cuando se cruza con la pobreza, uno de los factores condicionantes más fuertes en nuestra sociedad.
Realizar un diagnóstico de forma temprana de una neurodivergencia favorece un abordaje adecuado en salud y educación, siendo este un punto de partida para la entrega de apoyos y de herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, académicas, emocionales y sociales. Cuando no se cuenta con una identificación a tiempo, se dificulta la adecuación de los entornos de desarrollo y se pierde la posibilidad de una activación temprana de redes de protección y de protocolos pertinentes.
La falta de identificación de una condición del neurodesarrollo se hace especialmente crítica cuando ocurre en entornos de vulneración de derechos, como es en el caso de contextos familiares delictivos, de consumo problemático de drogas o de trato negligente (incluyendo residencias a cargo del Estado). Mientras el contexto sociocultural no proporcione experiencias y apoyos suficientes para el desarrollo y el cuidado, la falta de conocimiento acerca del tipo de neurodesarrollo se vuelve en un factor de riesgo adicional, llevando muchas veces a los niños, niñas y jóvenes a presentar comportamientos que pueden ser vistos como desafiantes o antisociales, y que muchas veces son la expresión de frustración y sentimiento de aislamiento.
Las personas con trastorno por déficit atencional con hiperactividad pueden presentar comportamientos impulsivos y dificultades para adecuarse a las normas sociales. Estudios muestran que, a nivel internacional, existe una prevalencia del TDAH de entre 6% y 9% de la población mundial (APA, 2014; Barkley, 2002). En Chile, la cifra se estima entre un 6% y un 10% (Urzúa et al., 2009). Estos números contrastan con el resultado de un estudio que buscó determinar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en adolescentes varones infractores de 14 a 17 años, el cual arrojó una prevalencia del TDAH entre esta población de un 26% (Gaete et al., 2014). Además, un estudio realizado por la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile en los Centros de Administración Directa de SENAME (2004) evaluó clínicamente a niños, niñas y adolescentes que presentaban alteraciones conductuales de mayor preocupación, donde los resultados confirmaron que prácticamente en su totalidad presentaban algún tipo de trastorno de salud mental. Los principales diagnósticos detectados fueron trastornos de conducta (41,6%), desorden oposicionista desafiante (24,1%) y déficit atencional (26,8%). Un alto porcentaje de estos menores, se encontraban con tratamiento, pero había más de 300 niños, niñas y jóvenes que, teniendo diagnóstico de trastorno mental severo, estaban a la fecha del estudio sin tratamiento.
La falta de apoyos podría llevar al fracaso escolar, consumo problemático de sustancias y a la comisión de delitos. De acuerdo a una investigación realizada por Frita et al. (2016), la tasa de repitencia entre estudiantes con TDAH es de un 28% frente al 7% de los aquellos que no tienen TDAH. Por su parte, de acuerdo a un metaanálisis de Lee et al. (2011), las personas con TDAH son casi 3 veces más propensas a presentar dependencia a la nicotina en la adolescencia/edad adulta; tienen casi 2 veces más probabilidades de cumplir los criterios diagnósticos de abuso o dependencia del alcohol; aproximadamente 1,5 veces más probabilidades de cumplir los criterios para el trastorno por consumo de marihuana; el doble de probabilidades de desarrollar abuso o dependencia de la cocaína; y es 2,5 veces más probable que desarrollen un trastorno por abuso de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés).
El 2018 la investigadora Sthefani Baggio y su equipo realizaron un metaanálisis para proporcionar una tasa de prevalencia de TDAH en la población privada de libertad, incluida aquella que se encuentra recluida en unidades psiquiátricas. La investigación se basó en 102 estudios, los que en total contaron con 69.997 participantes. Los resultados arrojaron una prevalencia del TDAH entre la población adulta privada de libertad de un 26,2%. Esto supone que es cinco veces más probable encontrar a una persona con TDAH entre las personas presas que en la población general. En el caso de la infancia, se asociaron con una mayor prevalencia estimada de 41,1%.
Curiosamente, un estudio realizado en Chile el año 2013 identificó una prevalencia del TDAH del 2,4% entre los reclusos con menos de doce meses de detención y de 2,2% entre aquellos con más de un año privados de libertad. La diferencia entre las cifras arrojadas por el metaanálisis (102 estudios) y la investigación chilena hacen suponer la existencia de una brecha de proporciones en cuanto a la identificación del TDAH en la población nacional privada de libertad.
La falta de identificación de las personas con TDAH reclusas tiene efectos en el proceso de reinserción. De acuerdo a un estudio realizado por Rivas et al. (2018), el trastorno de déficit atencional con hiperactividad incide en una mayor prevalencia de reincidencia en delitos. Esto remarca la importancia de que el sistema penal cuente con herramientas diagnósticas que permitan un adecuado acompañamiento hacia la recuperación de la libertad, lo cual tiene implicancias positivas tanto para las trayectorias de vida de las personas con TDAH que han dejado la cárcel como para la sociedad en su conjunto. En este sentido, se ha demostrado que el tratamiento integral, incluyendo la provisión de psicofármacos, favorece la reinserción de personas con TDAH que han sido privadas de libertad (Ginsberg, 2013).
Si bien es necesario implementar medidas de seguridad para proteger a la ciudadanía, es igualmente importante realizar un análisis profundo y exhaustivo de los factores sociales que contribuyen al surgimiento de conductas delictivas. La exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación son solo algunas de las variables que deben ser consideradas en esta compleja ecuación. Además, es fundamental reconocer la diversidad neurocognitiva y la influencia de las condiciones de salud mental en la conducta delictiva. Solo a través de un enfoque integral y comprensivo podremos aspirar a construir una sociedad más inclusiva y segura para todos sus miembros.
Como equipo de Educación de Fundación Wazú, creemos que es fundamental el reconocimiento de la neurodiversidad que constituye nuestra sociedad. Esto no puede ser posible sin la debida identificación, por lo que se requiere fortalecer el tamizaje diagnóstico de neurodivergencias en los servicios de salud. Esto tendría un impacto en el ámbito educativo, ya que permite la generación de entornos más inclusivos sustentados en la diversidad neurocognitiva y la entrega de apoyos ante necesidades educativas específicas y de intervenciones en caso de riesgo social. De este modo, se contribuiría a que las personas con TDAH recurran menos a actividades delictivas como medio de expresar la incomprensión y la falta de oportunidades efectivas de las que han sido víctimas.
