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Violencia escolar: un problema sistémico que nos interpela a todos

Este lamentable suceso ocurrido en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco nos llama a una reflexión urgente.

Columna escrita por Alejandro Wasiliew Conget, Docente y Diseñador de proyectos educativos en Fundación Wazú

A medida que se adicionan antecedentes del reciente caso de agresión de un estudiante autista a su profesora en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco, Región de Ñuble, más nos confronta una realidad insoslayable: la violencia en las aulas no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural más profundo.

Para comprender este suceso desde una perspectiva amplia, es necesario analizarlo desde un enfoque sistémico, integrando el paradigma de la neurodiversidad y la violencia como un modo de actuar que se aprende.

Desde la perspectiva sistémica, la violencia en la escuela puede entenderse como parte de una dinámica disfuncional que involucra a todos los actores del sistema. En consideración de ello, la agresión del estudiante no puede ser vista simplemente como un acto meramente individual, sino como la expresión de una problemática relacional, donde los roles y las respuestas del mundo adulto (docentes, directivos, padres) juegan un papel clave.

Si la escuela no logra ser un entorno comprensivo y amable, si no es capaz de establecer canales de comunicación y contención efectivos, los conflictos pueden escalar hasta manifestaciones extremas de violencia, tal como ocurrió. En este caso, la pregunta clave es: ¿qué estructuras escolares han contribuido a que el estudiante haya respondido de forma violenta?

Para profundizar más en esta perspectiva, el modelo ecológico de Bronfenbrenner nos permite ampliar la mirada y comprender cómo distintos niveles del entorno impactan en la conducta de los estudiantes. En el microsistema, las relaciones inmediatas con la familia y los docentes influyen directamente en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Si en este nivel existen antecedentes de violencia, sea explícita o simbólica, es probable que el estudiante adopte estrategias agresivas.

Con relación a este aspecto, cabe mencionar que –sin pretender asignar culpabilidades– la profesora agredida había expresado previamente rechazo por el estudiante autista (“si tú no escribes, no me sirves en la sala”, “eso a ti no te importa, cuando necesitemos abogados, te hablamos”).

Por otra parte, la educadora, que sufrió una fractura de cráneo producto de los golpes, muy probablemente no estaba ajena al agobio laboral que aqueja a un alto porcentaje de los docentes. En el mesosistema, la calidad del vínculo entre la escuela y la familia es determinante para la prevención de conflictos. En el exosistema, las políticas educativas y la precarización de la enseñanza pueden generar un ambiente hostil que favorece la agresión, lo cual corre tanto para personas neurodivergentes como neurotípicas.

Finalmente, el macrosistema, que abarca los valores culturales y sociales, nos lleva a reflexionar sobre cómo la sobreexposición y la normalización de la violencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la sociedad influyen en la conducta de los estudiantes.

Es fundamental entender que la violencia no es solo una reacción impulsiva, sino una respuesta que se desarrolla a partir de estructuras cognitivas, de esquemas o secuencias de acción aprendidos en la interacción social. También, que no es una característica del autismo. Los niños, niñas y jóvenes, en general, construyen su conocimiento a través de experiencias y esquemas mentales que pueden reforzar patrones violentos si estos son modelados por el entorno.

Si un estudiante ha vivido en contextos inmediatos o más amplios donde la agresión es una estrategia exitosa para resolver conflictos, es probable que internalice esa secuencia de acción. Al respecto, cabe enfatizar el papel del aprendizaje como un fenómeno mediado por otros: las respuestas agresivas pueden ser reforzadas o transformadas según las herramientas y mediaciones que el entorno educativo proporcione.

En este sentido, ¿qué medidas preventivas desarrolló la escuela para evitar interacciones violentas? ¿Se cuenta con modelos de detección y resolución no-violenta de conflictos? A estas preguntas agrego una afirmación: el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco no cuenta con un Protocolo de Desregulación Emocional y Conductual, lo cual representa un grave incumplimiento de lo establecido en la Ley de Autismo N°21.545. 

Desde el paradigma de la neurodiversidad, este caso también debe llevarnos a cuestionar cómo el sistema educativo responde a las diversas formas de procesamiento cognitivo y emocional de los estudiantes.

La realidad es que muchas escuelas no cuentan con los recursos ni la capacitación necesaria para atender a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. La falta de estrategias adecuadas para comprender y regular las emociones puede conducir a reacciones violentas que podrían haberse prevenido con un enfoque más inclusivo y comprensivo.

La respuesta ante la deuda de preparación de las instituciones educativas, así como de mayor respaldo a entregar por parte del Ministerio de Educación, debe estar animada por la certeza de que las escuelas tienen una función social primordial: enseñarnos a vivir juntos y juntas. Desde esta perspectiva, la inclusión de un estudiantado diverso en su funcionamiento neurocognitivo es fundamental. 

Este lamentable suceso ocurrido en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco nos llama a una reflexión urgente. No basta con sancionar al estudiante o exigir mayor seguridad en las escuelas; es fundamental recorrer el camino largo de transformación de las estructuras que perpetúan la violencia.

Esto implica fortalecer la formación docente en estrategias de manejo de conflictos y la atención de un estudiantado necesariamente diverso, promover una educación emocional efectiva desde la infancia y garantizar que las políticas educativas se contextualicen realmente en las comunidades.

También, lleva a que nos preguntemos qué mundo les estamos brindando los adultos a los niños, niñas y jóvenes, autistas y no autistas, para desplegar su desarrollo personal. Solo así podremos aspirar a una escuela que sea un espacio de aprendizaje, respeto y contención para todos.

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Educación

Fundación Wazú entrega consejos para un retorno a clases inclusivo y amigable

Pronto inicia el año escolar y desde Fundación Wazú compartimos recomendaciones claves para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes vivan una vuelta a clases más inclusiva y respetuosa con la diversidad.

Cada estudiante tiene su propio ritmo de adaptación, por lo que es fundamental generar ambientes seguros y flexibles que favorezcan su integración, así nos explica Elizabeth Miranda, terapeuta ocupacional de Fundación Wazú, organización para la inclusión laboral y educativa.

La profesional destacó la importancia de preparar el regreso a clases con anticipación y empatía, entregando algunas claves para padres y apoderados:

Consejos para una vuelta a clases inclusiva

Comunicación abierta: Mantén un diálogo constante con niños, niñas y jóvenes, validando sus emociones y preocupaciones sobre la vuelta a clases. También es clave establecer comunicación con los docentes para coordinar apoyos si es necesario, ideal si pueden ir a conocer el espacio con anterioridad o apoyarse con fotografías del espacio.

Fomentar la diversidad: Conversa en casa sobre el valor de la diferencia (cultura, género, costumbres) y promueve el respeto y la inclusión en la comunidad escolar.

Apoyos visuales y anticipación: Si tu hija o hijo necesita adaptaciones, puedes solicitar materiales que faciliten su proceso de integración. Si ya tiene sus propias laminas o materiales puedes hacerlas llegar al docente a cargo.

Rutinas progresivas: Ajustar horarios y actividades con anticipación ayuda a internalizar la nueva rutina escolar, disminuyendo la ansiedad. Unos días antes puedes ir adecuando el horario de dormir o de comidas para que no resulte tan abrupto el cambio.

Evitar comparaciones: Cada estudiante tiene su propio proceso de adaptación. Respetar los tiempos de cada uno contribuye a un clima escolar más armónico.

Involucrarse en la comunidad escolar: Conocer la realidad de otras familias del curso y compartir experiencias fortalece la convivencia y reduce prejuicios.

“Si tenemos presente que la diversidad es un hecho, comienza otro derecho que tiene que ver con la enseñanza diversificada, que es lo que nos permite hacer más accesible la educación. Para ello se deben hacer las adecuaciones necesarias y las capacitaciones a profesionales, docentes y profesionales de apoyo, además es muy importante que las propias personas en situación de discapacidad de la comunidad educativa, tengan un espacio para compartir sus emociones y desafíos”, explica Elizabeth Miranda.

Desde Fundación Wazú hacemos un llamado a las comunidades educativas a asumir la diversidad como un valor fundamental en el aprendizaje, teniendo en cuenta que un entorno inclusivo beneficia a toda la comunidad escolar, promoviendo respeto, colaboración y bienestar para todos.

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Educación superior inclusiva: La deuda del sistema educativo chileno

Es esencial que las Instituciones de Educación Superior (IES) aborden las barreras actitudinales y superen estereotipos negativos sobre lo que son capaces de lograr las personas en situación de discapacidad. Además, deben asegurarse que la información sobre los procesos de postulación y matrícula sea clara, accesible y comprensible, adaptada a diversas necesidades.

Columna escrita por Alejandro Wasiliew Conget, Docente y Diseñador de proyectos educativos en Fundación Wazú

Hace algunos días conocimos el caso de Benjamín Rivas, un joven de Curanilahue que obtuvo 1.000 puntos en la PAES de Matemáticas. Junto a él, otros dos estudiantes con discapacidad se han convertido en la primera generación de egresados con puntajes nacionales, quienes pueden haber cursado su trayectoria educativa completa con el apoyo del Programa de Integración Escolar (PIE).

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008, establece que los Estados deben garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior en igualdad de condiciones. En Chile, este derecho está respaldado por la Ley Nº 20.422.

El acceso a la educación superior implica diversas etapas, desde la preparación y rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) hasta la matrícula y la transición a la vida estudiantil. Para garantizar el éxito de las personas con discapacidad que logran ingresar a la educación superior, se deben crear oportunidades y condiciones que permitan la participación en igualdad de condiciones.

Aunque el DEMRE ha logrado avances en accesibilidad para la PAES, aún existen barreras en los procesos de postulación y matrícula. Las principales limitaciones incluyen barreras actitudinales (es decir, de las personas que trabajan en las instituciones), informativas físicas, que juntas dificultan el acceso y la participación de las personas con discapacidad y neurodivergentes. Esto no solo es discriminatorio, sino que también va en contra de la normativa vigente.

Es esencial que las instituciones de educación superior (IES) aborden las barreras actitudinales y superen estereotipos negativos sobre lo que son capaces de lograr las personas en situación de discapacidad. Además, deben asegurarse que la información sobre los procesos de postulación y matrícula sea clara, accesible y comprensible, adaptada a diversas necesidades.

Las IES también deben garantizar que los requisitos para acreditar la condición de discapacidad sean simples y accesibles, y que la infraestructura sea adecuada, con rampas, ascensores y baños accesibles. Para la población neurodivergente, también es importante controlar aspectos como el exceso de ruido o la iluminación intensa.

Si bien se han logrado avances, los procesos de matrícula, permanencia y por sobre todo el egreso siguen siendo desafiantes para las personas con discapacidad. Es urgente que el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior proporcionen orientaciones específicas para asegurar que la autonomía de las IES no afecte el derecho universal a la educación de estas personas.

Avanzar en educación inclusiva es prioridad, y no se puede seguir retrasando. El talento y esfuerzo de Benjamín, así como el de todas las personas con discapacidad que logran entrar a la educación superior, no puede perderse porque esta no cuenta con condiciones para poder brindarles una experiencia educativa de calidad.

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Educación

Preocupante: Cámara aprueba suspensión del Sistema de Admisión Escolar para el próximo año

La medida, que establece que durante todo 2025 no se utilizará el sistema de selección de estudiantes en los establecimientos educativos del país, ha generado un debate sobre la libertad de elección de los padres y la organización del sistema educativo.

En concreto, con 73 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones, se aprobó la indicación que suspendería el sistema, la que deberá ser revisada por el Senado, que la ratificará o rechazará en las próximas jornadas.

Recordemos que el SAE es un sistema que ofrece a padres, apoderados y tutores la posibilidad de postular a todos los establecimientos educacionales del país que reciben financiamiento estatal, desde prekínder a 4° medio.

A pesar de la aprobación en la Cámara, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien lidera la discusión presupuestaria, hizo reserva de constitucionalidad sobre la medida.

Marcel advirtió que, de implementarse esta norma, el sistema educativo chileno “queda sin ningún mecanismo de admisión, es decir, queda de acuerdo al arbitrio que alguien determine”.

Agregó que, aunque puedan existir críticas al SAE, eliminarlo sin un reemplazo podría causar graves problemas en el acceso a la educación.

La indicación aún debe ser votada por el Senado aún y, de ser necesario, podría llegar al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo decide presentar un recurso para impugnarla.

La controversia abre un nuevo capítulo en el debate sobre la organización del sistema de admisión escolar en Chile y la participación del Estado en la asignación de cupos en cada tipo de establecimiento.

Desde Fundación Wazú lamentamos que en la Cámara de Diputadas y Diputados se esté retrocediendo en una ley que, si bien no es perfecta, sí ha sido un gran avance para que personas en situación de discapacidad puedan ingresar a establecimientos educacionales a los que antes no tenían acceso.

Fuente: elmostrador.cl

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Autismo

Ley de Autismo y Educación Superior: De la limitación jurídica al compromiso ético

Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día de la Aceptación del Autismo, fecha propicia para reflexionar acerca de los alcances y vacíos de la Ley de Autismo (Nº21.545), promulgada en marzo de 2023. Esta normativa busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de personas autistas, eliminando toda forma de discriminación. Para ello, se establecieron compromisos del Estado, entre los que se encuentra la generación de condiciones necesarias para la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adultos autistas en todo el sistema educativo. En este sentido, uno de los ámbitos destacados de la ley debiese ser la educación superior. No obstante, el articulado es limitado en lo referido a esta fase del proceso formativo. A pesar de ello, es de esperar que las instituciones educativas sean proactivas en tomar medidas para la inclusión plena de integrantes autistas, más en base a un compromiso ético que a un mero ajuste a las disposiciones jurídicas.   

 

Solo el artículo 21 de la Ley de Autismo se refiere a la educación superior. En este se establece el deber de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de velar por la existencia de ambientes inclusivos, lo cual contempla realizar los ajustes necesarios para que las personas autistas puedan ingresar, formarse, participar, permanecer y egresar. El modo en que estas disposiciones deben implementarse no se detalla en la ley, quedando a criterio de cada casa de estudios. Esta falta de definición normativa guarda relación con la autonomía de las instituciones de educación superior, es decir, con el derecho a regirse por sí mismas, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, en los planos académico, económico y administrativo (LOCE, Título IV, Art.75 (76)).      

 

Por otro lado, tal y como afirma el Oficio Ordinario Nº621 de la Superintendencia de Educación Superior (21 de julio de 2023), las obligaciones para las instituciones establecidas en la Ley de Autismo, además de limitadas, no son nuevas. De hecho, el artículo 39 de la ley Nº20.422 (2010), que fija normas sobre Igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, mandata a contar con mecanismos que faciliten el acceso, así como la adecuación de materiales de estudio y materiales de enseñanza en la educación superior. En esa misma línea, el artículo 2 de la Ley de Educación Superior Nº21.091 (2018) dispuso que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, como componentes del sistema de educación superior, deben promover la realización de ajustes razonables que permitan la inclusión de las personas en situación de discapacidad.  

 

Si la Ley de Autismo es tan vaga en lo que respecta a educación superior, ¿cómo cumplir con lo dispuesto en el artículo 21? ¿Qué ajustes deben realizar las instituciones de educación superior? Propongo trascender el razonamiento meramente jurídico para dar prioridad a la reflexión ética. La ética, por esencia, es la búsqueda de la adecuación del comportamiento en función de lo que conviene en un momento dado. En este caso, la conveniencia o no de las acciones que se adopten debería ser informada por los propios estudiantes autistas que integran cada comunidad educativa. Para ello, realizar entrevistas, grupos focales y encuestas podría ayudar a recabar opiniones y necesidades de apoyo.  

 

Si bien, cada realidad es única, entre las demandas más comunes se suelen contar la adecuación de los estímulos sensoriales; la anticipación de programas, actividades y evaluaciones; y la flexibilidad en presentaciones y trabajos grupales. Además, existen estudios que han indagado en las experiencias y puntos de vista de los estudiantes autistas de instituciones de educación superior chilenas. Entre los resultados de algunas de estas investigaciones destaca la percepción de insuficiencia en los apoyos a las necesidades educativas (Amador et al., 2022); la falta de una cultura de inclusión que asuma el valor de la neurodiversidad humana en la educación superior (Beltrán, 2023); y la existencia de prejuicios y barreras importantes de participación que limitan la inclusión social, bienestar social y salud mental (Duarte, 2023).  

 

En contraste, si las instituciones de educación superior implementan medidas para el mero cumplimiento de la Ley de Autismo, corren el riesgo de actuar de forma superficial y poco sustentable. Esto dado que las necesidades de los estudiantes autistas suelen ser complejas y multicausales, y su abordaje requiere no solo de la atención a cuestiones puntuales o la aplicación de tips. Más bien, demanda la revisión comprometida y periódica de las políticas, prácticas y cultura.  

 

Poner a los estudiantes en el centro a la hora de pensar y construir ambientes inclusivos es fundamental para atender y hacerse cargo de sus necesidades y, de paso, permite cumplir con la ley. Es desde esta base reflexiva y proactiva que las instituciones pueden dar con las condiciones, necesariamente contextuales, para que la neurodiversidad humana tenga lugar y las personas autistas puedan ingresar, formarse, participar, permanecer y egresar.  De ser así, no solo se estarán atendiendo necesidades específicas de apoyo, sino también se hará posible que la comunidad en su conjunto se beneficie de fortalezas comunes en el espectro del autismo, tales como la honestidad, el pensamiento divergente, la atención a los detalles o habilidades en disciplinas como el cálculo o las artes. Aunque eso no lo diga la ley.   

     

Alejandro Wasiliew Conget
Autista, Estudiante de Magíster en Psicología Educacional UC
y Diseñador de Proyectos Educativos en Fundación Wazú 

*Columna publicado también en ElMostrador.cl

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Autismo

Revive el webinar «¿Cómo aplicar la Ley de Autismo en los establecimientos educacionales?»

Con la participación de Aaron Sandoval, Encargado de la Unidad Normativa de la Fiscalía en la Superintendencia de Educación; y Magda Montero, Encargada del equipo de Educación Inclusiva en Fundación Wazú, se realizó un interesante webinar para informar acerca de las instrucciones entregadas por la Superintendencia de Educación para la aplicación de la Ley de Autismo en los establecimientos educacionales y cómo se vinculan con los derechos de los estudiantes autistas.

El objetivo del webinar fue presentar y explicar la nueva Circular N°586 de la Superintendencia de Educación donde se establecen las instrucciones para la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de párvulos y estudiantes autistas (Ley N° 21.545). Además, contó con un espacio para responder las preguntas del público compuesto principalmente por equipos directivos y de gestión de establecimientos educacionales en los niveles parvulario, básica y secundaria, y docentes, asistentes y profesionales de apoyo de los establecimientos educacionales.

Sobre los panelistas:

Aaron Sandoval: Abogado, Magíster en Derecho con mención en derecho público de la Universidad de Chile, con especial énfasis académico en el derecho a la educación. Tiene 7 años de experiencia en la Superintendencia de Educación, desempeñando diversas funciones y actualmente es Encargado de la Unidad Normativa de la Fiscalía, que es el equipo que tiene a su cargo la elaboración, entre otros, de los dictámenes y circulares de la SIE.

Magda Montero: Persona autista, Educadora Waldorf y encargada del equipo de Educación Inclusiva de Fundación Wazú desde el año 2022. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en jardines infantiles y colegios, en el nivel parvulario y en el primer ciclo básico. Es cofundadora del Colectivo ASPERgirls Chile, bloguera, relatora y autora del libro ilustrado “¿Cuál es la diferencia entre las cosas y las personas?”. Coautora “El autismo en la escuela desde una perspectiva de aceptación y valoración:guía breve” y de la guía “Ley de autismo en lenguaje fácil. Es entrenadora certificada en PEERS, y diplomada en Educación inclusiva y discapacidad (UC).

Revive el webinar en nuestro canal de YouTube donde podrás suscribirte para poder disfrutar de más contenido que iremos publicando.

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Autismo

Niño autista es víctima de violencia por parte de educadoras de jardín infantil en La Serena

La vulneración quedó en evidencia luego de que sus familiares se percataran de un detalle en una fotografía enviada por la directora del recinto, donde notaron que el menor estaba amarrado con telas a una silla.

Indignación ha generado la noticia de un menor autista en La Serena, quien fue víctima de maltrato por parte de educadoras del jardín infantil “Piececitos de Niños” administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la región.

Puntualmente, el hecho ocurrió durante una actividad dentro de una sala, donde se aprecia en una fotografía- que recibieron familiares por parte de la directora del establecimiento- al niño de 4 años jugando en una mesa, pero amarrado en una silla con unas telas, dejando en evidencia la intención de las educadoras a cargo de que no se parara de la silla. 

La situación causó indignación de sus cercanos al notar la vulneración de la que estaba siendo víctima el pequeño. “Revisando las fotos y realizando un acercamiento a mi nieto, se visualiza de manera nítida que lo tienen amarrado a su silla con telas que sirven de amarre para sujetar su cuerpo. Se evidencia además que al tratar de recoger una pieza del material de trabajo se inclina y levanta la silla del suelo, ya que no tiene libertad de movimiento”, declaró al medio El Día, Erica Pinto, abuela del menor y funcionaria del Serviu. 

Es grande el dolor de esta familia al enterarse que el pequeño es víctima de violencia por parte de personas que deberían asegurarle cuidado y trato digno. “No existe una indicación de los profesionales competentes que avalen este tipo de trato hacia mi nieto y la directora del jardín en ningún momento nos informó que lo ‘amarran’ por su conducta, situación a la que nos habríamos opuesto tajantemente, toda vez que implica maltrato hacia una persona. Especialmente un niño que requiere del movimiento para lograr aprendizajes y más especialmente una persona TEA que se encuentra protegido bajo la ley 21.545, donde de manera categórica se plantea que ‘los establecimientos educacionales tienen el deber de proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación para las personas con Trastorno del Espectro Autista, y garantizarán la ejecución de las medidas para la adecuada formación de sus funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares, para la debida protección de la integridad física y psíquica de aquellas personas’, reglamento que no se estaría cumpliendo en este jardín infantil”, enfatiza Pinto. 

Tras darse a conocer el hecho y como gesto de solidaridad, el resto de los apoderados dejaron de enviar a sus hijas e hijos hasta que suspendieran a las victimarias y contrataran a educadoras suplentes.

Denuncia

Erica Pinto declara que el caso lo llevaron hasta la PDI, donde dejó la denuncia, además de darlo a conocer en la Superintendencia de Educación. La idea de hacerlo público es para que esto no ocurra nuevamente en dicho lugar y en ningún establecimiento. Además, de que las autoridades del Minvu tomen cartas en el asunto. “Ellos le quieren bajar el perfil” manifiesta Pinto.  

Al respecto, desde el Serviu enviaron una declaración pública donde se señala que “se instruyó inmediatamente acciones administrativas, la que se encuentra en proceso el sumario correspondiente, a la espera de los resultados que éste determine”.

“De forma adicional se han realizado acciones que se derivan de esta denuncia para abordar a través de los canales y organismos pertinentes, solicitando y recibiendo además orientación por parte de la Superintendencia de Educación”. A lo anterior suman que “desde el primer momento se han sostenido diversas reuniones con apoderados y Centro de Padres, y a la vez se ha definido un equipo de apoyo compuesto por profesionales especializados que han llevado a cabo diversas acciones con niñas, niños, apoderados y a la comunidad educativa”, se indica en la declaración.

Hasta la fecha, el establecimiento sigue funcionando con normalidad y con las involucradas suspendidas de sus cargos.

Fuente: https://www.diarioeldia.cl/region/2023/9/14/denuncian-que-educadoras-amarraron-nino-autista-una-silla-en-jardin-infantil-de-la-serena-104000.html 

 

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Columna

Más allá de los titulares: Una mirada a la relación entre el TDAH, la exclusión social y la comisión de delitos

Columna escrita por Alejandro Wasiliew, Elizabeth Miranda y Magda Montero, Equipo de Educación de Fundación Wazú.

Los medios tradicionales de comunicación, en especial la televisión por medio de sus matinales y noticiarios, han puesto la atención de la ciudadanía en la falta de seguridad. La cobertura de robos violentos y asesinatos por lo general cuenta con declaraciones de víctimas y carabineros en calidad de contraparte de los delincuentes. En estos últimos rara vez hay mayor detención. Solo se les expone como victimarios, sin mayor indagación en las causas de su actuar. En la misma línea, la cobertura de los delitos suele excluir el punto de vista de expertos que han investigado el fenómeno desde las universidades, de los centros de pensamiento y de las organizaciones de la sociedad civil.

Un efecto del modo en el que se cubren los hechos delictuales es la identificación con las víctimas y la desvinculación con los victimarios. Así, se establece un orden dicotómico de buenos, que incluye a las víctimas en potencia que vendríamos siendo “nosotros”, y de malos, que serían esos “otros” de los que ya sabemos lo suficiente: se trata de delincuentes. En base a este relato cabe preguntarse por el modo pensamos y entendemos nuestra sociedad. ¿Quiénes la conformamos? ¿Qué significa que alguien sea un “anti-social”?

Como han señalado Uceda-Meza y Domínguez (2017), la vulneración de derechos y exclusión social juegan un rol en la adopción de conductas delictivas. Las formas divergentes del neurodesarrollo, relacionadas indirectamente con falta de oportunidades, también pueden cumplir un papel en las causas que llevan a una persona a traspasar el límite de la ley. El desarrollo neurocognitivo del ser humano es naturalmente diverso, sin embargo, existe una neuronorma social desde la que se establece lo que se considera “normal” y su contracara, lo “anormal”. En esta segunda categoría suele ubicarse a las personas autistas, disléxicas, con trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH), entre otras. Esta comprensión limitada y limitante da lugar a una serie de barreras que impactan en las trayectorias de vida de la población neurodivergente, en especial cuando se cruza con la pobreza, uno de los factores condicionantes más fuertes en nuestra sociedad.

Realizar un diagnóstico de forma temprana de una neurodivergencia favorece un abordaje adecuado en salud y educación, siendo este un punto de partida para la entrega de apoyos y de herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, académicas, emocionales y sociales. Cuando no se cuenta con una identificación a tiempo, se dificulta la adecuación de los entornos de desarrollo y se pierde la posibilidad de una activación temprana de redes de protección y de protocolos pertinentes.

La falta de identificación de una condición del neurodesarrollo se hace especialmente crítica cuando ocurre en entornos de vulneración de derechos, como es en el caso de contextos familiares delictivos, de consumo problemático de drogas o de trato negligente (incluyendo residencias a cargo del Estado). Mientras el contexto sociocultural no proporcione experiencias y apoyos suficientes para el desarrollo y el cuidado, la falta de conocimiento acerca del tipo de neurodesarrollo se vuelve en un factor de riesgo adicional, llevando muchas veces a los niños, niñas y jóvenes a presentar comportamientos que pueden ser vistos como desafiantes o antisociales, y que muchas veces son la expresión de frustración y sentimiento de aislamiento.

Las personas con trastorno por déficit atencional con hiperactividad pueden presentar comportamientos impulsivos y dificultades para adecuarse a las normas sociales. Estudios muestran que, a nivel internacional, existe una prevalencia del TDAH de entre 6% y 9% de la población mundial (APA, 2014; Barkley, 2002). En Chile, la cifra se estima entre un 6% y un 10% (Urzúa et al., 2009). Estos números contrastan con el resultado de un estudio que buscó determinar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en adolescentes varones infractores de 14 a 17 años, el cual arrojó una prevalencia del TDAH entre esta población de un 26% (Gaete et al., 2014). Además, un estudio realizado por la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile en los Centros de Administración Directa de SENAME (2004) evaluó clínicamente a niños, niñas y adolescentes que presentaban alteraciones conductuales de mayor preocupación, donde los resultados confirmaron que prácticamente en su totalidad presentaban algún tipo de trastorno de salud mental. Los principales diagnósticos detectados fueron trastornos de conducta (41,6%), desorden oposicionista desafiante (24,1%) y déficit atencional (26,8%). Un alto porcentaje de estos menores, se encontraban con tratamiento, pero había más de 300 niños, niñas y jóvenes que, teniendo diagnóstico de trastorno mental severo, estaban a la fecha del estudio sin tratamiento.

La falta de apoyos podría llevar al fracaso escolar, consumo problemático de sustancias y a la comisión de delitos. De acuerdo a una investigación realizada por Frita et al. (2016), la tasa de repitencia entre estudiantes con TDAH es de un 28% frente al 7% de los aquellos que no tienen TDAH. Por su parte, de acuerdo a un metaanálisis de Lee et al. (2011), las personas con TDAH son casi 3 veces más propensas a presentar dependencia a la nicotina en la adolescencia/edad adulta; tienen casi 2 veces más probabilidades de cumplir los criterios diagnósticos de abuso o dependencia del alcohol; aproximadamente 1,5 veces más probabilidades de cumplir los criterios para el trastorno por consumo de marihuana; el doble de probabilidades de desarrollar abuso o dependencia de la cocaína; y es 2,5 veces más probable que desarrollen un trastorno por abuso de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés).

El 2018 la investigadora Sthefani Baggio y su equipo realizaron un metaanálisis para proporcionar una tasa de prevalencia de TDAH en la población privada de libertad, incluida aquella que se encuentra recluida en unidades psiquiátricas. La investigación se basó en 102 estudios, los que en total contaron con 69.997 participantes. Los resultados arrojaron una prevalencia del TDAH entre la población adulta privada de libertad de un 26,2%. Esto supone que es cinco veces más probable encontrar a una persona con TDAH entre las personas presas que en la población general. En el caso de la infancia, se asociaron con una mayor prevalencia estimada de 41,1%.

Curiosamente, un estudio realizado en Chile el año 2013 identificó una prevalencia del TDAH del 2,4% entre los reclusos con menos de doce meses de detención y de 2,2% entre aquellos con más de un año privados de libertad. La diferencia entre las cifras arrojadas por el metaanálisis (102 estudios) y la investigación chilena hacen suponer la existencia de una brecha de proporciones en cuanto a la identificación del TDAH en la población nacional privada de libertad.

La falta de identificación de las personas con TDAH reclusas tiene efectos en el proceso de reinserción. De acuerdo a un estudio realizado por Rivas et al. (2018), el trastorno de déficit atencional con hiperactividad incide en una mayor prevalencia de reincidencia en delitos. Esto remarca la importancia de que el sistema penal cuente con herramientas diagnósticas que permitan un adecuado acompañamiento hacia la recuperación de la libertad, lo cual tiene implicancias positivas tanto para las trayectorias de vida de las personas con TDAH que han dejado la cárcel como para la sociedad en su conjunto. En este sentido, se ha demostrado que el tratamiento integral, incluyendo la provisión de psicofármacos, favorece la reinserción de personas con TDAH que han sido privadas de libertad (Ginsberg, 2013).

Si bien es necesario implementar medidas de seguridad para proteger a la ciudadanía, es igualmente importante realizar un análisis profundo y exhaustivo de los factores sociales que contribuyen al surgimiento de conductas delictivas. La exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación son solo algunas de las variables que deben ser consideradas en esta compleja ecuación. Además, es fundamental reconocer la diversidad neurocognitiva y la influencia de las condiciones de salud mental en la conducta delictiva. Solo a través de un enfoque integral y comprensivo podremos aspirar a construir una sociedad más inclusiva y segura para todos sus miembros.

Como equipo de Educación de Fundación Wazú, creemos que es fundamental el reconocimiento de la neurodiversidad que constituye nuestra sociedad. Esto no puede ser posible sin la debida identificación, por lo que se requiere fortalecer el tamizaje diagnóstico de neurodivergencias en los servicios de salud. Esto tendría un impacto en el ámbito educativo, ya que permite la generación de entornos más inclusivos sustentados en la diversidad neurocognitiva y la entrega de apoyos ante necesidades educativas específicas y de intervenciones en caso de riesgo social. De este modo, se contribuiría a que las personas con TDAH recurran menos a actividades delictivas como medio de expresar la incomprensión y la falta de oportunidades efectivas de las que han sido víctimas.

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Educación

En más de 1000% ha aumentado el número de estudiantes autistas en el Programa de Integración Escolar

El Ministerio de Educación dio a conocer reveladoras cifras que indican que en 2015 se registraron 3.731 estudiantes autistas en el programa PIE, número que en 2023 alcanzó a los 43.428.

El Programa de Integración Escolar, más conocido como PIE, es “una estrategia inclusiva de sistema educacional, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los aprendizajes en la sala de clases y la participación de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE)”, explican en el sitio web de la superintendencia de dicha cartera.

Aunque la modalidad está dirigida a estudiantes con diversos requerimientos, un número importante son quienes están dentro del espectro autista, cifra que ha tenido un aumento considerable en los últimos ocho años.

En el webinar del Ministerio de Educación “Rol de la Ley TEA en el marco normativo vigente” se dieron a conocer dichos datos, donde se destaca que en 2015 se registraban 3731 estudiantes autistas, número que en 2023 alcanzó a los 43428, un incremento de más de un 1000%.

Respecto a quienes no sean parte de dicho programa o estén en educación parvularia, Francisca Cabrera, coordinadora nacional de Atención a la Diversidad de Mineduc y expositora de la instancia, declaró que no hay cifras. “Se desconoce el dato de presencia de estudiantes autistas en establecimientos educacionales que no tienen PIE o en educación parvularia, ya que no existe una subvención específica para recopilar dichos datos”. 

Aunque las cifras son bastante altas, Chantal Garay, presidenta de la Federación Nacional de Autismo FENAUT, explica que no es una muestra real. “Debe ser 3 veces superior, porque el decreto 170 regula los cupos para personas con necesidades educativas especiales, pero no es la realidad que constatamos en los establecimientos. Necesitamos con urgencia que se regule y fiscalice el respeto al derecho a la educación de nuestra comunidad autista”.

Por su parte, Gabriela Verdugo, presidenta de la Fundación FUAN, explica que “para implementar políticas públicas de educación que se derivan de la Ley de Autismo, es imprescindible contar con urgencia con datos de estudiantes autistas, ya que aún se desconocemos cuántos estudiantes en el espectro están en el sistema educativo en todas sus modalidades”. Frente a dicho desconocimiento, Verdugo declara que se ha dado espacio para la vulneración hacia ellas y ellos.

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Educación

Abren postulaciones a fondo nacional que busca fomentar la inclusión de niñas y niños en situación de discapacidad en etapa escolar 

ACTUALIZACIÓN: SENADIS EXTIENDE EL PLAZO DE POSTULACIÓN HASTA EL 19 DE ABRIL A LAS 17 HORAS.

Hasta el próximo 19 de abril estarán abiertas las postulaciones para los establecimientos de todo el país que quieran obtener apoyos tecnológicos, capacitaciones, profesionales de apoyo, entre otros.

Con el objetivo de disminuir las barreras para que niñas y niños puedan ingresar al sistema escolar, es que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) abrió las postulaciones al Concurso Nacional del Programa de Apoyo a Instituciones Educativas 2023. 

Este fondo dispone de $447.686.000 los que se distribuyen en proyectos que van desde los 3 a los 10 millones de pesos, según cada postulación lo indique, y pueden postular Municipalidades, Corporaciones, Fundaciones, Sociedades cuyo objeto sea de educación, Entidades Religiosas de Derecho Público constituidas conforme a la Ley N° 19.638, Personas Jurídicas de Derecho Canónico y toda persona jurídica sostenedora de Instituciones Educativas. 

Las iniciativas que serán financiadas son aquellas que beneficien a estudiantes en situación de discapacidad provenientes de Educación Inicial, Educación Básica, Educación Media y Escuelas Especiales. 

Entre los proyectos financiables pueden estar la capacitaciones a docentes, financiamiento de profesionales de apoyo al quehacer docente necesario para las adecuaciones (metodológicas y tecnológicas) para una educación más inclusiva, y adquisición de apoyos tecnológicos, tales como notebook, tablet, teclado, software lector de pantalla, software de seguimiento cefálico, software reconocedor de voz, pizarras interactivas, servicios de apoyo, servicio de intérprete de lengua de señas, servicios de transcripción, por nombrar algunos.

Las postulaciones están abiertas hasta el próximo miércoles 19 de abril a las 17 horas a través del sitio https://b.senadis.cl/2023/  

Fuente: https://www.senadis.gob.cl/pag/691/1553/concurso_nacional_del_programa_de_apoyo_a_instituciones_educativas_2023 

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