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Avanza proyecto que reconoce la Sordoceguera como discapacidad única

La iniciativa fue aprobada de forma unánime por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y ahora deberá pasar a votación en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Reconocer la sordoceguera como discapacidad única, de modo de asegurar el derecho de las personas que se encuentran en dicha situación a la igualdad de oportunidades y fomentar su plena inclusión social, es el objetivo del proyecto aprobado en general por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

La iniciativa avanza en entregar a las personas con sordoceguera todos los derechos establecidos, directa e indirectamente, derivados de las Leyes 20.422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, y 21.015, que Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral.

Del mismo modo, define que el Estado reconocerá como sistemas de comunicación oficial la dactilología, el sistema braille, técnicas de orientación y movilidad, así como otros sistemas de comunicación alternativos validados por el reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además, el Estado promoverá la formación y capacitación continua de guías intérpretes.

También se determina que las instituciones públicas y privadas que brinden servicios públicos permitirán que las personas sordociegas comparezcan ante ellas con guías intérpretes reconocidos oficialmente.

La sordoceguera se caracteriza por tener un sistema de comunicación, de movilización y de acceso a la información que son únicos, los cuales traen consigo la necesidad de atenciones especiales, diseñadas específicamente para quienes la tienen.

Por lo mismo, según establece la iniciativa, resulta indispensable reconocer y definir a la sordoceguera no como la suma de dos discapacidades, sino como una discapacidad única con características e identidad propia, teniendo siempre en cuenta su dualidad.

Fuente: lanacion.cl

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Senado aprueba proyecto que reserva escaños para Personas en situación de discapacidad en proceso constituyente

El proyecto establece que, para «resguardar y proteger la participación» de las Personas en situación de discapacidad en las elecciones de los Convencionales Constituyentes para redactar la nueva Constitución, se establecerá un porcentaje mínimo de 10% de los candidatos en las listas, no en los escaños finales.

Junto a la aprobación de la paridad de género y de la participación indígena y de independientes, se introdujo una norma cuya finalidad es resguardar y proteger la participación de las Personas en situación de discapacidad en el proceso constituyente.

Por efecto de una indicación, se introdujo una norma cuya finalidad es resguardar y proteger la participación de las Personas en situación de discapacidad en las elecciones de los Convencionales Constituyentes para redactar la nueva Constitución. Para ello se reserva un porcentaje mínimo de un 10% de los candidatos en las listas conformados por un solo partido, las listas de personas independientes y los pactos electorales a nivel nacional.

Además, la Cámara de Senadores aprobó la inclusión de la paridad de género y la participación indígena y de independientes de cara al proceso constituyente.

Fuente: senado.cl

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Denuncia Discapacidad Gobierno Inclusión Justicia Salud Síndrome de down

Isapres deberán eliminar preexistencia por condiciones desarrolladas antes de nacer

El anuncio del gobierno surge luego que la Corte Suprema determinara en un fallo histórico que el síndrome de Down no es una enfermedad y obligara a que una aseguradora entregue cobertura. “Este triunfo histórico nos llena de esperanza de construir un país mucho más inclusivo», dijo la vocera Karla Rubilar.

Este domingo, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, anunció que se eliminará la preexistencia en isapres de aquellas condiciones o enfermedades que se hayan desarrollado antes del nacimiento, como el síndrome de Down, Espectro Autista, cardiopatías congénitas y labio leporino, entre otras.

Esto luego que este miércoles la Corte Suprema diera a conocer un fallo histórico tras acoger un recurso de protección en contra de la compañía de seguros Colmena, estableciendo que el síndrome de Down no es una enfermedad.

La ministra Rubilar dijo que esta resolución judicial “nos llena de esperanza de construir un país mucho más inclusivo” e informó que la circular ya fue enviada a las isapres. “Tiene carácter obligatorio de cumplimiento, con fiscalización y sanciones duras”, agregó.

Patricio Fernández, superintendente de Salud, agregó que el objetivo es proteger a los usuarios del sistema privado de salud, sin distinción alguna. Además, explicó que sólo se deben declarar como preexistente aquellas en enfermedades o condiciones de salud que se han manifestado con posterioridad al nacimiento.

En la actividad desarrollada en La Moneda participaron Fabián y Gloria, padres del niño de 4 años que fue discriminado por su condición de salud por considerarlo como una enfermedad preexistente.

“Dejando toda la parte legal afuera, fue un golpe muy doloroso porque fue la primera discriminación que sufrió Tomás. (…) Acudimos a las instancias pertinentes y nos fue mal, decidimos llevar esto a tribunales, con toda la esperanza que este fallo nos iba a ayudar a nosotros pero jamás pensamos le impacto que iba a tener. Esto abrirá puertas para todas las otras condiciones que no solo son el síndrome de Down. Todos merecemos el respeto“, aseguró Fabián Aguirre.

Por su parte, Eduardo Arévalo, director jurídico de Problemas.cl, hizo un llamado a que “todas las isapres y las compañías de seguro emitan o cumplan con este fallo y que no sigan exigiendo una declaración de enfermedad preexistente a una condición de las personas. Estamos muy conformes porque acá se marca un cambio para el futuro, especialmente en el área de salud”.

Fuente: cnnchile.com

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Diversidad Diversidad de Género Diversidad Sexual Educación Gobierno Igualdad de Género Internacional Ley LGBTI Política Transgénero

Escocia: el primer país en abordar temas LGBTI en la educación escolar

En Escocia legislaron para que alumnos de todas las escuelas públicas aprendan sobre la historia de los movimientos LGBTI, la terminología, las identidades, equidad y derechos. Se espera que para el regreso a clases post pandemia se comience a aplicar este plan a nivel nacional.

Tener una educación pública que sea inclusiva con la comunidad LGBTI, será una realidad en los colegios de Escocia. Y no, no es una promesa de campaña. Se trata de una transformación pionera que convierte al país en el primero del mundo en respaldar legalmente la inclusión en las salas de clases.

Este cambio de paradigma en la educación, se debe a que el Parlamento aprobó una legislación para que los liceos públicos incluyan contenidos sobre la comunidad LGBTI y con ellos se pueda combatir la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

¿Qué dice la nueva ley? ¿En qué consisten estos tipos de rechazo? ¿Cómo serán los contenidos? A continuación, te explicamos.

El primer paso: “prohibido prohibir”

El camino no fue fácil para incorporar a las escuelas públicas en una legislación más abierta con la comunidad LGBTI. De hecho, para saber cómo fue posible, hay que remontarse al año 2000, cuando el Parlamento derogó una polémica ley de 1988.

Esta prohibía que la homosexualidad al interior de los colegios fuera aceptada. Sin embargo, doce años después, fue eliminada de la legislación escocesa por ser considerada discriminatoria.

Afortunadamente, 99 parlamentarios votaron a favor de su eliminación y 17 lo hicieron en contra, transformando a Escocia en el primer país del Reino Unido en eliminar esta ley y hacer un cambio de este tipo.

“El plan educacional debe ser tan diverso como nuestros estudiantes»

En Escocia, donde nueve de cada diez estudiantes LGBTI reconocen que han sido víctimas de bullying y homofobia, esta nueva ley busca marcar un antes y un después en miles de niños y jóvenes.

A diferencia de lo que se podría pensar, su diseño no surgió en el Parlamento, sino que es resultado del trabajo de más de quince organizaciones que promueven los derechos de la comunidad LGBTI y que en 2015, lanzaron la campaña Tiempo para una Educación Inclusiva (TIE, en inglés).

Durante los dos años siguientes, conformaron el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva LGBTI y se dedicaron a conseguir el apoyo de los miembros del Parlamento, sin importar su tendencia política.

En mayo de 2017, confirmaron haber superado esta tarea: varios de ellos firmaron un compromiso inicial de cinco puntos:

  1. Mejorar la inclusión LGBTI.
  2. Mejorar las prácticas y la orientación para que docentes aborden los temas LGBTI.
  3. Entregar formación profesional sobre la temática para los docentes actuales y los futuros.
  4. Realizar un seguimiento a los colegios públicos que abordan contenidos LGBTI.
  5. Abrir un registro de los casos de bullying en contra de los estudiantes LGBTI que ocurran los en colegios.

Tras esto, las organizaciones desarrollaron un informe con 33 recomendaciones para que la historia LGBTI, el glosario más adecuado y su correcto uso, entre otros temas, ingresen por la puerta ancha a las salas de clases.

Así, los estudiantes tendrán en cuenta que “ser homosexual no es una elección, ser homofóbico sí lo es”, tal como dijo Jo Fitzpatrick, miembro del Foro por la Igualdad de la Academia Nairm, en un poema que escribió y que fue incluido en el documento.

Este informe fue aprobado por el Parlamento y la campaña marcó un hito histórico en Escocia. Incluso, el jefe de la campaña y co-fundador de TIE, Jordan Daly, la calificó como una “victoria monumental”.

Escocia ya se considera uno de los países más progresistas de Europa para la igualdad LGBTI. Me enorgullece anunciar que seremos el primer país del mundo en tener una educación inclusiva LGBTI incluida en el plan de estudios. Nuestro sistema educativo debe apoyar a todos para alcanzar su máximo potencial. Por eso es vital que el plan educativo sea tan diverso como la gente que aprende en nuestras escuelas», dijo el viceprimer ministro, John Swinney.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Como en 2014 el gobierno escocés lanzó una guía de Conducta de Relaciones, Salud Sexual y Educación de la Paternidad en las Escuelas, una de las primeras recomendaciones es que la actualización de este documento sea una prioridad para el gobierno.

En esta nueva versión, la idea es que se especifiquen las identidades LGBTI y sus relaciones, se aprendan a reconocer los casos de discriminación al interior de los colegios y su impacto en los estudiantes y en la sociedad. Además, con diversas actividades grupales, se fomentará una cultura del respeto, la privacidad y el consentimiento.

También se abordará la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, entendidas como las “acciones o ideas discriminatorias o prejuiciadas sobre la orientación sexual real o percibida de alguien”, ya sea homosexual, lesbiana, bisexual o trans, respectivamente.

La metodología de trabajo es otro tema que recibe bastante atención. Al respecto, la campaña consideró la creación de un Grupo de Implementación en que ellos puedan participar junto al gobierno escocés y la agencia estatal COSLA.

Ahora, si te preguntas cuándo se aplicarán estas recomendaciones, la respuesta es inmediatamente, según el gobierno local. Eso sí, lo que tomaría más tiempo es el trabajo conjunto, pero desde ya tiene una fecha límite: mayo de 2021. ¿Por qué?

Esa es la fecha en que finaliza el actual gabinete parlamentario. Pero independiente de eso, la aprobación, que era la barrera inicial más compleja, ya fue superada.

Fuente: eldefinido.cl

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Denuncia Gobierno Medicina Política Síndrome de down

Denuncian que paciente COVID-19 con síndrome de Down murió porque hospital no proporcionó ventilador mecánico

Óscar Walter de 38 años no fue intubado pese a que era la última opción para salvar su vida. Su hermana acusa negligencia en el trato que le dieron, mientras que el Hospital Félix Bulnes asegura que le prestaron toda la atención requerida.

Globos, fuegos artificiales, música, adornos, velas y un mensaje escrito en el suelo como despedida: “adiós amigo Óscar”. Así los vecinos de la población Valle Central de la comuna de Renca despidieron a Óscar Walter de 38 años.

El hombre, que tenía síndrome de Down, fue trasladado el pasado 22 de mayo al Hospital Félix Bulnes, con síntomas de coronavirus, al igual que su padrastro y su madre, que se encontraba enferma en su casa.

Desde entonces, según su familia, lo mantuvieron en el sector de urgencias del hospital y su hermana, Jennifer, debió encargarse de su cuidado personal y limpieza, mientras su estado de salud empeoraba día a día.

“Se suponía que al llegar al hospital le tenían que poner el ventilador, pero nunca pasó en los 6 días que yo estuve ahí con él. Yo trataba de hablar con ellos, con lo doctores, y decían que no tenían y que los estaban gestionando”, cuenta.

De acuerdo a sus cercanos, Óscar sólo fue tratado con oxígeno, pese a su gravedad. Tampoco hubo opción de trasladarlo a otro centro asistencial para entregarle la atención requerida para salvar su vida. Finalmente murió el 26 de mayo a las 22:27 horas a causa de una neumonía grave por coronavirus.

Para Jeniffer, existió negligencia por parte del recinto y discriminación. “No priorizaron su estado. Para ellos las personas con síndrome de Down viven hasta los 15 o 16 años y nos hacían sentir privilegiados porque alcanzó los 30 y tantos”, asegura.

A través de un comunicado, el Hospital Félix Bulnes lamentó el fallecimiento y manifestó que se le otorgó “todas las prestaciones asistenciales requeridas para la condición clínica del paciente”.

De igual manera, señalaron que se están realizando las gestiones de reconversión de camas de distintas áreas clínicas, tanto médicas como de Unidad de Paciente Crítico, para responder la emergencia sanitaria en nuestro país.

No es el único caso

Hace unos días se difundió en redes sociales la historia de Yerka Morales, una mujer de 40 años con síndrome de Down, que fue internada en el Hospital Padre Hurtado tras presentar síntomas de COVID-19 como fiebre y problemas respiratorios.

Luego de ser ingresada y sometida a exámenes se determinó que debía ser intubada, sin embargo y según sus familiares, el recinto les informó que no había cama UCI disponible. 

“El doctor dijo que mi hermana estaba grave y que necesitaba urgente una cama UCI pero que había que esperar porque la prioridad se les estaba dando a jóvenes y no a persona adultas ni con discapacidad”, acusa Rocío Morales, hermana de Yerka.

Estos antecedentes fueron recibidos por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) que se contactó con la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En la actualidad, Yerka sigue en riesgo vital, pero evolucionando positivamente.

Frente a estos casos, la directora del Senadis, María Ximena Rivas, manifestó que “las personas con disparidad tienen derecho a recibir una atención de salud en igualdad de condiciones (…) y que en ningún caso se les puede negar la atención debido a esa discapacidad”.

Asimismo, aseguró que están trabajando en una mesa intersectorial en el desarrollo de recomendaciones para personas con discapacidad y profesionales de la salud en la atención de estos pacientes en los servicios de urgencia. El Ministerio de Salud deberá validar los protocolos luego de lo cual, se entregarán en todos los centros asistenciales del país.

Fuente: chvnoticias.cl

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Denuncia Gobierno Ley Política

Aprueban proyecto que sanciona abuso patrimonial contra adultos mayores y Personas en situación de discapacidad

La iniciativa parlamentaria, que ahora será analizada por el Senado, realiza diversas modificaciones legales, con el propósito de entregar mayores resguardos a los adultos mayores y a las Personas en situación de discapacidad.

A segundo trámite al Senado fue despachado el proyecto de ley,  que modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y Personas en situación de discapacidad.

El texto define el abuso patrimonial contra los adultos mayores, identificando las principales conductas a través de las cuales se comete dicho abuso y estableciendo la pena correspondiente.

En ese contexto, la iniciativa agrega en el artículo 5 de la Ley 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, que será constitutivo de este tipo de acto el abuso patrimonial, entendido como todo acto de apropiar, distraer, retener, limitar o restringir los derechos de carácter patrimonial de un adulto mayor o persona con discapacidad o dependencia, a fin de hacer uso indebido de ellos o con la intención de defraudar, o ambos, que sea constitutivo de una falta a los deberes de cuidado, sea que provengan de una relación de familia, contractual, órdenes judiciales o en virtud de la ley, sin importar quién sea la persona que la tenga a su cuidado.

Asimismo, el proyecto, respaldado por unanimidad, incorpora enmiendas en el Código Penal relativas a los casos en que se defraude haciendo suscribir con engaño algún documento.

En ese plano, agrega que cuando se refiera a la suscripción de mandatos para el cobro de pensiones u otro ingreso periódico o de cualquier otro título cuya celebración menoscabe el patrimonio de la víctima y esta fuese una persona mayor de 60 años o con discapacidad, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a cinco años).

Añade que el máximo de la pena señalada se aplicará también si la conducta fuese realizada por descendientes o colaterales hasta el tercer grado inclusive de la víctima o de quien la tenga bajo su cuidado.

Por otra parte, el proyecto incorpora en el Código Procesal Penal una enmienda para establecer la obligación de denunciar para los representantes legales, gerentes y/o quienes tengan facultad de representar a instituciones bancarias, financieras, administradoras de fondos de pensión, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, compañías de seguros y otras de similar naturaleza, de los delitos que ocurran en sus dependencias o que afecten a sus clientes con ocasión de operaciones propias de su giro o en el interior de las dependencias de las instituciones, cuando la víctima del delito sea una persona mayor de 60 años o una persona con discapacidad.

 

Fuente: camara.cl

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Accesibilidad Autismo Ceguera Denuncia Gobierno Inclusión Internacional Lengua de señas Política Silla de ruedas Síndrome de down

Experta de la ONU sobre el COVID-19: ¿Quién protege a las Personas con discapacidad?

Poco se ha hecho para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para protegerlas durante la actual pandemia del COVID-19, aun cuando muchas de ellas pertenecen al grupo de alto riesgo, advirtió la Relatora Especial sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas.

“Las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás”, dijo la experta. “Las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse”.

“Este apoyo es básico para su supervivencia, y los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis”.

La experta de la ONU recalcó que los ajustes razonables son esenciales para permitir a las personas con discapacidad reducir el contacto y el riesgo de contaminación. Debe permitírseles trabajar desde el hogar o recibir licencias con goce de sueldo para garantizar la seguridad de sus ingresos. Sus familiares y cuidadores también pueden necesitar estas medidas para poder brindarles el apoyo requerido durante la crisis.

“Además, es vital el acceso a apoyos económicos adicionales para reducir el riesgo de que estas personas y sus familias caigan en la pobreza o mayor vulnerabilidad”, explicó Devandas.

“Muchas personas con discapacidad dependen de servicios que han sido suspendidos, o no tienen los suficientes recursos para hacer reservas de alimentos y medicinas o pagar los costos adicionales de las entregas a domicilio”.

Devandas señaló también que la situación de las personas con discapacidad que están en instituciones, establecimientos psiquiátricos y prisiones es particularmente grave, por el riesgo de contaminación y la ausencia de supervisión externa, situación que se agrava por el uso de los poderes de emergencia por la crisis sanitaria.

“Las restricciones deben estar claramente delimitadas, de modo que se usen las medidas menos intrusivas para proteger la salud pública”, agregó. “Limitar el contacto con sus seres queridos deja a las personas con discapacidad totalmente desprotegidas frente a cualquier forma de abuso o negligencia en dichas instituciones.”

“Los Estados tienen una responsabilidad mayor con esta población debido a la discriminación estructural que enfrentan.”

La experta de la ONU recalcó que las personas con discapacidad deben tener la garantía de que su supervivencia es considerada una prioridad y urgió a los Estados a establecer protocolos para emergencias de salud pública a fin de garantizar que, cuando los recursos médicos sean limitados, no se discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a la salud, incluyendo las medidas para salvar vidas.

“Para enfrentar la pandemia es crucial que la información sobre cómo prevenir y contener el coronavirus sea accesible para todo el mundo”, explicó la experta.

“Las campañas de información pública y la información proporcionada por las autoridades nacionales de salud debe estar disponible en lengua de señas y en modos, medios y formatos accesibles, incluida la tecnología digital, los subtítulos, los servicios de relevo, los mensajes de texto, la lectura fácil y el lenguaje sencillo.”

“Las organizaciones de personas con discapacidad deben ser consultadas y estar involucradas en todas las etapas de respuesta al COVID-19”, concluyó Devandas.

Fuente: acnudh.org

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Gobierno Inclusión Ley

Diputados aprueban proyecto que regula trabajo de cuidadoras de Personas en situación de discapacidad

Este proyecto pretende, en primer lugar, reconocer a cuidadoras como sujetas de derechos, entregándoles igualdad de oportunidades, buena calidad de vida, promoviendo su recreación y autocuidado, priorizando su atención en salud, salud mental, dándole acceso a capacitaciones, el derecho a un trabajo flexible, y subsidios y apoyo económico que necesiten.

Por la unanimidad de 148 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que modifica la Ley 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad.

La propuesta de artículo único, conforme al texto de la Comisión de Desarrollo Social, establece que “será también materia de esta ley reconocer y amparar a las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad y dependencia”.

Además, señala que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, además de reconocer y amparar los derechos de las cuidadoras y cuidadores. Lo anterior se realizará a través de políticas públicas efectivas, con perspectiva de género, que aporten a la creación de una red de apoyo integral.

Las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad o dependencia, así como a sus cuidadoras y cuidadores, y la red de apoyo integral que ejecute el Estado, deberán tener como objetivo mejorar su calidad de vida, principalmente a través de acciones de fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos.

Fuente: diarioelheraldo.cl

 

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Diputados aprueban ley que sanciona como falta grave el uso indebido de estacionamientos para Personas en situación de discapacidad

La moción parlamentaria permitió unificar dicho concepto en las normativa del tránsito y de igualdad e inclusión social, de modo que no haya diferencias en los criterios para aplicarla, quedando en una multa entre 1 y 1,5 UTM.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto que precisa la infracción por estacionar en un espacio destinado a vehículos para Personas en situación de discapacidad, sin tener derecho a ello.

La moción, respaldada por unanimidad, especifica dicha falta y unifica criterios hasta ahora distintos, contenidos en las leyes de igualdad e inclusión social de personas con discapacidad y del tránsito, para sancionar el estacionarse en un lugar destinado exclusivamente para personas con discapacidad.

En efecto, una califica como infracción o contravención grave “usar indebidamente estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad”, mientras que la otra determina como menos grave “estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello”.

La diferencia de calificar como graves o menos graves estas conductas, radica en que las infracciones o contravenciones graves, tienen multas de 1 a 1,5 UTM (entre $49 mil y $73 mil aproximadamente) y las menos graves, oscilan entre 0,5 y 1 UTM (entre $24 mil y $49 mil).

Para resolver el punto, el proyecto, impulsado por el diputado Francisco Undurraga (quién está en situación de discapacidad), arraiga la sanción solo a la disposición que la define como una falta grave, por lo que ahora los infractores deberán cancelar entre 1 y 1,5 UTM.

Fuente: lanacion.cl
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Elecciones Gobierno Inclusión Internacional Política

Bryan Russell: el primer candidato a congresista con Síndrome de Down en el mundo

Bryan Russell de 27 años de edad, se postuló para una banca en el Congreso de Perú, siendo el primer candidato con síndrome de Down del mundo.

Bryan Russell se ha convertido en el primer candidato en el mundo con Síndrome de Down. Se ha postulado para una banca en el Congreso de Lima, Perú; su campaña es austera, su principal imán publicitario es la representación de un grupo históricamente marginado.

Un fajo de volantes que introduce en su bolsillo y un cartel con su rostro es todo lo que lleva Russell cuando camina por las calles de la capital peruana en busca de votantes. Afirma que las Personas en situación de discapacidad son “despreciadas”, pero que su eventual elección en los comicios legislativos de enero cambiaría “muchísimo” esa imagen.

En una entrevista con The Associated Press, el joven de 27 años dijo que intenta “romper con el paradigma” de que la gente con síndrome de Down no puede ser independiente.

“No somos pobrecitos, ni angelitos”, comentó pronunciando con esfuerzo cada palabra mientras busca mejorar su dicción mediante ejercicios diarios que incluyen colocarse lapiceros y corchos en la boca.

Pero al mismo tiempo “soy alguien limpio, honesto, transparente”, subrayó acariciando con sus dedos a su mascota, un perro de pelo blanco llamado Amor que recogió de la calle.

Una tarde reciente el candidato llegó a una plaza preferida por los peruanos para conversar de política. Pese a que su partido Perú-Nación es de centroderecha, fue invitado a hablar en un foro izquierdista y allí pidió que, sin importar los colores políticos, se luche por los discapacitados.

“Necesitamos una educación de calidad, también más trabajo”, dijo Russell, quien en 2014 se convirtió en el primer peruano con síndrome de Down en culminar una carrera universitaria.

Según cifras oficiales, existen tres millones de peruanos con algún tipo de discapacidad, pero no hay desagregados y no se sabe la cifra con síndrome de Down. La historiadora Liliana Peñaherrera estimó que podrían ser hasta 25.000, según el cruce de las tasas de natalidad y mortalidad. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud calcula que la incidencia estimada del síndrome de Down se ubica entre 1 cada 1.000 a 1 cada 1.100 recién nacidos.

Los prejuicios que afrontan en Perú las personas con este síndrome son diversos: que no se desarrollan de forma plena, que son niños grandes y que no pueden tomar sus propias decisiones, dijo la psicóloga Patricia Andrade, de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down.

De este modo, añadió, muchos viven al margen de la vida política y económica porque con frecuencia los futuros empleadores prefieren a otros con discapacidad motora y sensorial para completar la cuota de entre 3% y 5% que exige la ley en los centros laborales de más de 50 personas.

Fuente: debate.com.mx

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