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Demoras en el Registro de Discapacidad y el estancamiento de la inclusión en Chile

La normativa vigente respecto a la inclusión laboral, declara que las empresas sobre 100 trabajadores, el 1% deben ser personas en situación de discapacidad. Y la única forma de certificar esta situación es con una credencial de discapacidad.

En este contexto, resulta relevante el próximo nombramiento del Superintendente de Seguridad Social. Actualmente, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) no cuenta con un jefe titular. La falta de una autoridad titular puede dificultar la decisión de impulsar cambios mayores o abordar problemas que requieren conducción y respaldo institucional.

Hoy, el Presidente Kast tiene en sus manos la decisión respecto de la terna propuesta para designar al futuro Superintendente. Esta decisión debiera ser prioritaria, considerando las facultades que la ley entrega a esta institución y su impacto en el acceso efectivo a derechos de las personas con discapacidad. Pero también porque una SUSESO con conducción y capacidad de gestión es fundamental para empujar una agenda de reactivación económica y laboral que incorpore plenamente a las personas con discapacidad, promoviendo su participación, autonomía y acceso efectivo al empleo.

Uno de los problemas que requiere atención es el retraso en la entrega de las credenciales de discapacidad. Para muchas personas, obtener este documento puede tomar meses, extendiendo innecesariamente un proceso que debiera ser oportuno y accesible. La credencial no es un trámite menor: constituye una herramienta fundamental para acreditar la situación de discapacidad y acceder a derechos, beneficios y oportunidades.

Cuando su entrega se posterga, también se retrasan procesos que requieren esta acreditación, afectando el acceso a apoyos y dificultando la participación plena en ámbitos como la educación, el empleo y la vida social. El problema, por tanto, no es solamente administrativo. Una demora institucional puede convertirse en una barrera concreta para el ejercicio de derechos.

Esta responsabilidad no recae únicamente en la SUSESO. El Ministerio de Salud también tiene un rol central en la celeridad del proceso de certificación, considerando que de él dependen las SEREMI donde funcionan las COMPIN regionales y el Departamento de COMPIN Nacional, alojado en la Subsecretaría de Salud Pública.

Desde Fundación Wazú, organización que trabaja por la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, consideramos estratégico concretar el nombramiento del nuevo Superintendente y abordar estas demoras con decisión. Avanzar hacia una inclusión laboral efectiva exige que los derechos reconocidos por la ley puedan ejercerse oportunamente. Reducir los tiempos de entrega de las credenciales no es solo agilizar un trámite: es eliminar una barrera de acceso a derechos también. 

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Educación

Convivencia Escolar en Chile: un análisis sobre la construcción de comunidad frente a la violencia

Hace unas semanas me encontraba en un colegio particular pagado dando una capacitación sobre la Ley de Autismo. Al cierre, mientras los funcionarios compartían sus legítimas inquietudes sobre la temática, hice un comentario que —por falta de tiempo para contextualizar— quizá no fue del todo comprendido: dije que, como apoderados, debíamos asumir la probabilidad de que, en algún momento, nuestros hijos e hijas recibieran un golpe en el contexto escolar.

Hice esta reflexión ante el reclamo de padres y madres de niños aparentemente sin mayores necesidades de apoyo, que se veían afectados por párvulos o estudiantes autistas en momentos de crisis. Aclaré, por cierto, que no es lo mismo una agresión entre pares en el contexto del aprendizaje socioemocional propio de su desarrollo, que la misma acción por parte de un estudiante de cursos mayores.

Esta situación me recordó cuando nos llamaron del jardín infantil de mi hijo. La educadora, agobiada, nos explicó que el niño había sufrido un “accidente” y estaba triste, por lo que debíamos retirarlo antes. Para mí fue un alivio cuando aclaró el tipo de incidente: había sido mordido por un compañerito. Parecía más preocupada ella que nosotros; comprendo que los apoderados no suelen reaccionar bien ante estos episodios. Personalmente, como educadora Waldorf con años de experiencia en el nivel, lo consideré algo esperable.

Me generaba más inquietud la situación inversa: que mi hijo fuera quien agrediera a otros. Por mucho que uno supervise a los niños y niñas constantemente, es casi imposible evitar estas situaciones. Si bien esto es más fácil de comprender en educación parvularia, la esencia del conflicto se mantiene a lo largo de toda la escolaridad, aunque cambie su naturaleza.

La convivencia escolar armónica no puede definirse simplemente como la ausencia de conflicto, sino como un proceso dinámico de construcción de comunidad. Esta comprensión es fundamental: la buena convivencia no es un estado de quietud impuesta por reglamentos, sino una dinámica viva de relaciones humanas donde la tensión surge naturalmente en el proceso de aprendizaje socioemocional.

En este sentido, el conflicto debe abordarse como una oportunidad pedagógica crítica que permite a párvulos y estudiantes (así como a los adultos) aprender a relacionarse de manera adaptativa a través de la empatía, la negociación y la reparación de vínculos. 

Sin embargo, nuestra sociedad enfrenta una contradicción profunda: mientras existe un escándalo generalizado ante la agresión física (lo cual es comprensible), se tiende a naturalizar formas silenciosas y devastadoras de violencia psicológica, como el desprecio, el aislamiento y la estigmatización de quienes son percibidos como diferentes.

Es imperativo validar el temor y la preocupación de las familias respecto a que sus hijos e hijas no sean víctimas de agresiones en el contexto escolar, pero es igualmente urgente que observemos todos los tipos de violencia, no solamente los más evidentes. Para que los establecimientos sean espacios de protección, la mirada pública y estatal debe desplazarse desde el desenlace fatal que acapara titulares —como el trágico ataque en Calama— hacia el proceso silencioso de exclusión y soledad crónica que antecede a tales estallidos.

Violencia Escolar como Reflejo de la Violencia Social

La evidencia recolectada en la última década sugiere que la actual crisis de convivencia en los establecimientos educacionales no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de violencia social sistémica. Las aulas se han convertido en la caja de resonancia de tensiones macroestructurales: el aumento de la criminalidad, la fragilidad de los vínculos familiares y la exposición a entornos digitales sin supervisión.

En este escenario, la soledad infantil emerge como un factor crítico, exacerbado por jornadas laborales extensas y un estrés socioeconómico que erosiona la capacidad de contención de padres, madres y cuidadores.

En este contexto, la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes sostiene que el concepto tradicional de «violencia escolar» es equívoco y potencialmente peligroso. Para la experta, esta terminología traslada la responsabilidad de forma exclusiva a las instituciones educativas, omitiendo que se trata de una violencia que los estudiantes traen desde su entorno (Montes, 2026).

Esta dinámica se nutre de la agresividad en el espacio público, el debilitamiento de las figuras de autoridad y un bombardeo mediático de contenidos violentos que niños, niñas y adolescentes consumen sin una mediación adulta que les permita procesarlos críticamente.

Los datos respaldan esta preocupación. Según el Observatorio Niñez Colunga & Centro Justicia y Sociedad UC (2024), la violencia contra la niñez en Chile ha mostrado una evolución alarmante, con retrocesos significativos tras la pandemia.

A pesar de los esfuerzos normativos, la violencia física persiste en niveles críticos, mientras que la agresión psicológica muestra un incremento sostenido, con un impacto más agudo en niñas y adolescentes mujeres.

Además, los estudiantes en situación de discapacidad enfrentan un mayor riesgo, presentando prevalencias significativamente más altas en casi todas las categorías de abuso, incluyendo las diferentes formas de violencia escolar y entre pares.

Salud mental, neurodivergencia e inclusión

El trágico incidente ocurrido en marzo de 2026 en Calama, donde un joven de 18 años atacó a su comunidad escolar, ofrece una lección dolorosa sobre las consecuencias de invisibilizar las necesidades de salud mental en la población socialmente vulnerable, como es el caso de niños, niñas y jóvenes neurodivergentes.

Aunque el debate mediático se centró en el acto violento, un análisis profundo revela una trayectoria de años de exclusión que el sistema no supo acompañar: la soledad crónica marcó su tránsito por el sistema escolar.

No es normal que un estudiante curse toda su escolaridad sin construir un solo vínculo de amistad genuino. Según relata la madre de Hernán (Chilevisión, 2026), el joven sufría por la exclusión de los hitos sociales propios de la edad y por un bullying persistente.

Ella relata haber solicitado apoyo a los profesores para la integración social de su hijo en reiteradas ocasiones, recibiendo atención únicamente de una psicopedagoga. En su testimonio, comenta cómo Hernán cargaba con la etiqueta de “niño TEA”, revelando una mirada patologizante del autismo que se tradujo en la dolorosa y frecuente expresión del joven: “El TEA me cagó la vida”.

Sobre esto último, la comunidad de adultos autistas —a la cual pertenezco— ha insistido vehementemente en el riesgo de estigmatizar a niños, niñas y jóvenes como “personas TEA”: una persona no puede ser un trastorno.

Si vamos a posicionarnos desde la mirada de la patología, que entiende el autismo como un trastorno del neurodesarrollo, lo correcto sería referirnos a «personas con TEA»; sin embargo, la cotidianidad de las comunidades educativas nos demuestra que se ha normalizado llamar a este grupo simplemente como “niños TEA”. Esto también debería escandalizarnos.

Respecto al caso de Calama, es imperativo distinguir entre los daños derivados de una desregulación emocional y aquellos que nacen de una planificación consciente. En una crisis de desregulación, especialmente en individuos autistas, no existe premeditación; el sistema nervioso colapsa frente a un entorno que supera su capacidad de procesamiento.

Sin embargo, cuando el entorno es hostil y la salud mental se deteriora sin intervención, el malestar puede escalar hacia conductas premeditadas alimentadas por el resentimiento y el aislamiento social. Entender esta distinción es crucial para dejar de criminalizar la neurodivergencia y empezar a gestionar los entornos escolares de manera profunda, preventiva y proactiva.

Hacia una convivencia corresponsable

Comencé esta nota mencionando mi intervención en una capacitación donde señalé que, como apoderados, debíamos asumir la probabilidad de que, en algún momento, nuestros hijos fueran agredidos en el contexto escolar.

Hoy mantengo mi postura. La convivencia en la diversidad implica reconocer que todos los miembros de la comunidad educativa cometerán, en algún punto, errores en sus interacciones. La capacidad adaptativa de un colegio no se mide por la ausencia de roces, sino por la solidez de sus vínculos para prevenir, contener y restaurar las relaciones cuando el conflicto ocurre.

Erradicar el acoso, la discriminación y la violencia es una responsabilidad compartida por todos los actores del sistema, incluyendo a padres, madres y apoderados de aquellos que quizá no golpean ni gritan, pero que en sus actitudes, gestos o silencios, por sutiles que parezcan, excluyen.

Al respecto, la nueva Ley 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar es una noticia alentadora: robustece los equipos de convivencia y las obligaciones del Estado en la promoción del bienestar socioemocional. Esto incluye la creación del Programa de Bienestar Socioemocional Escolar, a cargo de la nueva división homónima de la Junaeb.

Esta iniciativa pretende potenciar la sana convivencia a través de experiencias que fortalezcan el sentido de pertenencia y la cohesión grupal, mediante talleres deportivos, culturales y científicos.

En última instancia, el éxito de estas nuevas normativas y programas no dependerá solo de los recursos técnicos, sino de nuestra capacidad como adultos para cambiar la mirada: Sólo cuando comprendamos que el bienestar de mi hijo o hija está indisolublemente ligado al bienestar de su compañero o compañera —incluyendo a aquel con necesidades específicas de apoyo— podremos decir que estamos construyendo una verdadera comunidad. La convivencia no es un reglamento que se cumple, es un tejido que se cuida día tras día.

Magda Montero,

Líder del Área de Educación Inclusiva de Fundación Wazú

Fuentes citadas

Chilevisión. (21 de abril de 2026). «TENGO RESPONSABILIDAD»: Habló mamá de joven que atacó en colegio de Calama – Contigo en la Mañana [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rIFAPMgC7GY 

Montes, Rocío (6 de abril de 2026). Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil: «No comparto el concepto de violencia escolar, esta es una violencia social». El País. https://elpais.com/chile/2026-04-06/amanda-cespedes-neuropsiquiatra-infanto-juvenil-no-comparto-el-concepto-de-violencia-escolar-esta-es-una-violencia-social.html 

Observatorio Niñez Colunga & Centro Justicia y Sociedad UC (2024). Agenda Violencia Contra la Niñez: Panorama de los últimos 10 años.

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Inclusión Laboral

Ley de Inclusión Laboral: avances reales con deudas urgentes

A ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.015, es justo decirlo: hoy Chile cuenta con una normativa robusta que no solo obliga a contratar personas en situación de discapacidad, sino que además logró instalar un tema que antes simplemente no existía en la conversación pública.


Hace ocho años, hablar de inclusión laboral era, en muchos espacios, un gesto voluntario. Hoy es una obligación legal. Y eso importa. Pero el problema no está en la ley. Está en su cumplimiento.


Los datos del último informe de agosto de 2025 muestran una realidad preocupante: las cifras siguen siendo bajas e insuficientes para el estándar que como sociedad deberíamos exigirnos. En simple: tenemos una buena ley, pero aún no está ocurriendo lo suficiente en la práctica.


Desde Fundación Wazú valoramos que exista una normativa vigente que permita avanzar en inclusión. Es un buen punto de partida. Sin embargo, la falta de fiscalización nos mantiene con niveles de cumplimiento muy por debajo de lo esperado, tanto para la fundación como para el país.


Y ahí está el punto crítico: la fiscalización. Sin fiscalización efectiva, cualquier ley —por buena que sea— corre el riesgo de transformarse en una declaración de intenciones. Hoy lo que vemos es justamente eso: empresas que cumplen parcialmente y otras que optan por medidas alternativas sin generar inclusión real.


Porque no se trata solo de cumplir una cuota. Se trata de cómo se cumple.
En este escenario, uno de los avances relevantes ha sido la incorporación de la figura del gestor o gestora de inclusión, que permite realizar diagnósticos organizacionales, impulsar capacitaciones y acompañar procesos internos. Sin embargo, también aquí aparece una
debilidad estructural: la ley no establece estándares mínimos claros.


Lo que hoy existe va en la dirección correcta, pero deja espacio a la discrecionalidad. Por ejemplo, no hay claridad respecto a la cantidad de capacitaciones que deben realizarse, lo que permite que cada empresa defina su propio nivel de compromiso.


Esa flexibilidad, que en teoría busca adaptarse a distintas realidades, en la práctica termina generando desigualdad en la implementación. Y la inclusión no puede depender del criterio. Tiene que ser un estándar.

Hoy, el desafío es avanzar desde la instalación del tema hacia su consolidación real. Eso implica fortalecer la fiscalización, definir criterios más claros y asumir que la inclusión no es un favor ni una carga, sino una oportunidad concreta de desarrollo para las organizaciones y para el país.

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Mujeres

8M: Fundación Wazú advierte sobre la invisibilización de mujeres con discapacidad

En Chile, más del 21% de las mujeres adultas vive con algún tipo de discapacidad, una cifra significativamente mayor que en los hombres. Fundación Wazú advierte que muchas de ellas enfrentan doble discriminación: por género y por discapacidad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Fundación Wazú hizo un llamado a visibilizar la realidad de las mujeres en situación de discapacidad en Chile, una población que enfrenta barreras estructurales en ámbitos como la educación, el empleo, la salud y la vida social.


Según el III Estudio Nacional de Discapacidad (ENDIDE), más de 2,7 millones de personas adultas viven con discapacidad en el país, y la prevalencia es mayor en mujeres: 21,9% de las mujeres adultas presenta algún tipo de discapacidad, frente al 13,6% de los hombres.


A esto se suma una realidad poco visibilizada: muchas mujeres reciben diagnósticos de neurodivergencia —como autismo o déficit atencional— recién en la adultez, luego de años de adaptación silenciosa a entornos que no consideran sus necesidades.


Ese fue el caso de Constanza Figueroa, periodista de Fundación Wazú, quien descubrió que está dentro del espectro autista después de que su hija recibiera el mismo diagnóstico.


“En Chile todavía se romantiza mucho la idea de la mujer que puede hacerlo todo. La mujer superpoderosa. Pero esa expectativa es agotadora para cualquier mujer, y más aúnpara quienes somos neurodivergentes”, señala.


Diagnósticos tardíos y adaptación silenciosa.

Durante décadas, los criterios de diagnóstico del autismo estuvieron centrados principalmente en hombres y niños, lo que provocó que muchas niñas y mujeres aprendieran a camuflar o compensar sus diferencias, retrasando el diagnóstico hasta la adultez.


Constanza relata que durante su infancia y adolescencia nadie sospechó que pudiera estar dentro del espectro.
“Como no tenía problemas en el colegio ni generaba conflictos, nadie pensó que podía haber algo distinto. Pero yo vivía con ansiedad desde muy pequeña y siempre me sentí diferente”, explica.


El diagnóstico llegó años después, en medio del proceso de acompañamiento a su hija. Mujeres, cuidados y sobrecarga invisible
La situación se vuelve aún más compleja cuando se consideran las responsabilidades de cuidado. En Chile, 8 de cada 10 personas que cuidan a familiares con discapacidad son mujeres, muchas veces familiares directas que deben reorganizar completamente su vida personal y laboral.


Desde Fundación Wazú advierten que esta realidad revela una doble carga estructural que afecta especialmente a las mujeres con discapacidad o a quienes crían hijos e hijas neurodivergentes.


Inclusión con perspectiva de género

Para la organización, avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva implica reconocer que la discapacidad no se vive igual para hombres y mujeres.


“Hablar de inclusión también es reconocer la diversidad dentro de las propias experiencias de las mujeres”, señalan desde la fundación.
Constanza lo resume desde su propia experiencia: “Muchas veces cuando dices que eres autista la gente responde: ‘pero trabajas, tienes una profesión, tienes una hija’. Como si el autismo tuviera una sola forma de existir. La diversidad también existe dentro del espectro”.


En este 8 de marzo, Fundación Wazú hizo un llamado a incorporar una mirada de género en las políticas de discapacidad, promoviendo mayor acceso a diagnósticos oportunos, redes de apoyo y espacios de participación para mujeres en situación de discapacidad.


“La inclusión real comienza cuando dejamos de pensar que todas las mujeres viven las mismas experiencias”, concluyen desde la organización.

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Nacional

Es oficial: Ley Chile Cuida entra en vigencia

La Ley N° 21.805 consagra el derecho al cuidado como un derecho social y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, permitiendo que el cuidado deje de ser una responsabilidad privada y pasa a ser reconocido como un derecho garantizado progresivamente por el Estado.

Este lunes 16 de febrero de 2026 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Chile Cuida (Ley N° 21.805), que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), entrando oficialmente en vigencia en todo el territorio nacional. 

La Ley Chile Cuida consagra por primera vez en el país el derecho al cuidado como un derecho social, incorporándolo de manera estructural al sistema de protección social. La normativa reconoce el cuidado en su triple dimensión: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, estableciendo el deber del Estado de garantizar progresivamente una oferta suficiente y articulada de apoyos y cuidados a lo largo del ciclo de vida. 

Asimismo, crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados como un modelo de gestión y coordinación intersectorial destinado a promover la autonomía, la vida independiente, prevenir la dependencia y fortalecer la corresponsabilidad social y de género en las tareas de cuidado. 

La ley establece como titulares del Sistema a niños, niñas y adolescentes (que por condiciones de desarrollo o condiciones de salud requieran de cuidados especiales); personas mayores; personas con discapacidad; personas con dependencia; y personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas, reconociendo el valor social y económico del trabajo de cuidados. 

La coordinación del Sistema estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Secretaría de Apoyos y Cuidados de la Subsecretaría de Evaluación Social, en articulación con distintos ministerios, gobiernos regionales, municipios y espacios de participación de la sociedad civil. 

De acuerdo con sus disposiciones transitorias, los reglamentos necesarios para la implementación de la ley deberán dictarse en un plazo de seis meses contado desde su publicación en el Diario Oficial, etapa clave para la puesta en marcha de los instrumentos, registros y mecanismos de coordinación que contempla la normativa. 

Con su entrada en vigor, la Ley Chile Cuida marca el inicio de la implementación formal del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y consolida el cuidado como un eje central de la política social del país.

¿A qué tendrán derecho las personas cuidadoras no remuneradas?

1. Ejercer los cuidados en igualdad y dignidad, y decidir en torno a ellos.
2. Acceder de forma prioritaria a servicios, programas y prestaciones de apoyos y cuidados que les permitan reducir gradualmente su carga y horas en beneficio de su desarrollo personal y salud mental. El Estado promoverá que accedan a oportunidades de trabajo decente en igualdad y sin discriminación arbitraria, así como al descanso y disfrute de tiempo libre.
3. Acceder a formación, capacitación y certificación en cuidados, según la oferta pública disponible.
4. Acceder de forma prioritaria a programas, servicios y prestaciones de atención en salud mental.
5. Negarse a cuidar a una persona que cometió un crimen o delito contra un ascendiente o descendiente, o incumplió reiteradamente sus deberes de alimentos respecto de la persona cuidadora.

Creación del Registro Nacional de Personas Cuidadoras No Remuneradas

Este registro, que debe ser diseñado y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendrá el objetivo de “identificar, reunir y mantener antecedentes de las personas cuidadoras no remuneradas, así como de las personas que son cuidadas, en la forma que establezca el reglamento”.

Según indica la normativa, estos antecedentes se utilizarán para diseñar planes, programas e instrumentos del SNAC, así como para definir criterios para asignar estas iniciativas y para elaborar estudios.

Quienes estén inscritas podrán acceder a beneficios, programas, prestaciones públicas o atención preferente brindadas por el Estado o por privados.

Revisa la ley completa aquí

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia

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