Desde el 2018 está vigente la Ley de Inclusión Laboral 21.015 que empuja a las empresas públicas y privadas, y que cuenten con más de 100 trabajadores, a que tengan 1% de Personas con Discapacidad (PcD) en su planilla.

Hay tres formas: a través de la contratación de Personas con Discapacidad de forma directa y con dos medidas alternativas como Donaciones a Fundaciones de Inclusión Laboral, y la Subcontratación de servicios dados por Personas con Discapacidad.