Columna escrita por Peter Loch, fundador y director de Fundación Wazú.
Una vez leí que la tecnología facilita la vida cotidiana. Para quienes vivimos con alguna discapacidad, la tecnología no sólo facilita: hace posible lo que antes parecía inalcanzable.
La vemos en todas partes: en la educación, en el comercio, en la salud. ¿Por qué no también en el Estado, especialmente en los procesos de fiscalización?
Contamos hoy con una base legal robusta en torno a la inclusión laboral, especialmente con la Ley 21.015. Pero si no se acompaña de fiscalización efectiva, educación continua, formación empresarial y visibilización constante, la inclusión seguirá siendo más promesa que realidad.
Un dato alarmante lo confirma: sólo el 48% de las empresas que están obligadas por ley a reportar anualmente su cumplimiento lo hace en tiempo y forma ante la Dirección del Trabajo. Y lo que se pide no es mucho: apenas comunicar. Esa comunicación es el mínimo, el punto de partida, no el logro. Es lo que permite que las personas con discapacidad tengamos una oportunidad real de entrar al mundo laboral y, con ello, participar activamente en la sociedad.
Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿por qué no modernizamos el Estado para hacer estas fiscalizaciones más simples, más frecuentes y más efectivas? Escuchamos habitualmente que falta presupuesto para iniciativas en torno a mejorar la accesibilidad de Personas en Situación de Discapacidad en todos los ámbitos, por ello planteamos que con el mismo dinero recaudado por multas a quienes no cumplen, podríamos invertir en accesibilidad pública, en inclusión en escuelas, universidades y servicios esenciales. ¿Falta presupuesto? La solución está en fortalecer la institucionalidad, no en recortar derechos.
En una conversación reciente con el ministro Mario Marcel, él mismo reconocía que esto depende, en gran parte, de la voluntad de las personas. Pero si esa voluntad no se transforma en acción, no basta. La práctica puede ser más compleja que la teoría, sí. Pero los beneficios son evidentes: hablamos de mejorar la vida del 20% de la población chilena que vive con algún tipo de discapacidad.
La Dirección del Trabajo tiene hoy toda la información: sabe qué empresas tienen más de 100 trabajadores (por ley, deben cumplir con el 1% de inclusión laboral). Sabe también quiénes reportan y quiénes no. Con un simple cruce de datos, podría iniciarse un proceso de fiscalización automático. Porque la ley no sólo exige contratación: también exige políticas internas, diagnósticos de accesibilidad, seguimiento a los trabajadores con discapacidad y la figura clave del Gestor de Inclusión.
A siete años de su promulgación, la Ley 21.015 ha tenido un gran mérito: visibilizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Pero eso no basta. Los discursos y las buenas intenciones no mueven cifras. Según cifras publicadas por la Subsecretaría del Trabajo, sólo el 6% de las personas con discapacidad tiene trabajo. Pongámoslo en perspectiva: ¿se imaginan si en Chile el desempleo llegara al 94%? Estaríamos ante una crisis nacional. Pero como se trata de personas con discapacidad, pareciera que no escandaliza a nadie.
Entonces, vale preguntarse: ¿es que importamos poco? ¿Hay temor en las empresas a no hacerlo bien? ¿O es que falta el impulso real para dar el paso?
Los estudios son claros: la inclusión no sólo es un acto de justicia, también mejora los ambientes laborales, impulsa la innovación y genera compromiso. Pero es un cambio cultural que exige voluntad colectiva.
La fiscalización no resuelve todo, pero es un excelente punto de partida. Porque donde hay donde hay claridad de la gestión, hay conciencia. Y donde hay conciencia, empieza el cambio.
*Cifras de personas en situación de discapacidad contratadas, informadas por la Dirección del Trabajo, en mayo del 2023. Fuente: Subsecretaría del Trabajo.
