Es esencial que las Instituciones de Educación Superior (IES) aborden las barreras actitudinales y superen estereotipos negativos sobre lo que son capaces de lograr las personas en situación de discapacidad. Además, deben asegurarse que la información sobre los procesos de postulación y matrícula sea clara, accesible y comprensible, adaptada a diversas necesidades.
Columna escrita por Alejandro Wasiliew Conget, Docente y Diseñador de proyectos educativos en Fundación Wazú
Hace algunos días conocimos el caso de Benjamín Rivas, un joven de Curanilahue que obtuvo 1.000 puntos en la PAES de Matemáticas. Junto a él, otros dos estudiantes con discapacidad se han convertido en la primera generación de egresados con puntajes nacionales, quienes pueden haber cursado su trayectoria educativa completa con el apoyo del Programa de Integración Escolar (PIE).
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008, establece que los Estados deben garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior en igualdad de condiciones. En Chile, este derecho está respaldado por la Ley Nº 20.422.
El acceso a la educación superior implica diversas etapas, desde la preparación y rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) hasta la matrícula y la transición a la vida estudiantil. Para garantizar el éxito de las personas con discapacidad que logran ingresar a la educación superior, se deben crear oportunidades y condiciones que permitan la participación en igualdad de condiciones.
Aunque el DEMRE ha logrado avances en accesibilidad para la PAES, aún existen barreras en los procesos de postulación y matrícula. Las principales limitaciones incluyen barreras actitudinales (es decir, de las personas que trabajan en las instituciones), informativas y físicas, que juntas dificultan el acceso y la participación de las personas con discapacidad y neurodivergentes. Esto no solo es discriminatorio, sino que también va en contra de la normativa vigente.
Es esencial que las instituciones de educación superior (IES) aborden las barreras actitudinales y superen estereotipos negativos sobre lo que son capaces de lograr las personas en situación de discapacidad. Además, deben asegurarse que la información sobre los procesos de postulación y matrícula sea clara, accesible y comprensible, adaptada a diversas necesidades.
Las IES también deben garantizar que los requisitos para acreditar la condición de discapacidad sean simples y accesibles, y que la infraestructura sea adecuada, con rampas, ascensores y baños accesibles. Para la población neurodivergente, también es importante controlar aspectos como el exceso de ruido o la iluminación intensa.
Si bien se han logrado avances, los procesos de matrícula, permanencia y por sobre todo el egreso siguen siendo desafiantes para las personas con discapacidad. Es urgente que el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior proporcionen orientaciones específicas para asegurar que la autonomía de las IES no afecte el derecho universal a la educación de estas personas.
Avanzar en educación inclusiva es prioridad, y no se puede seguir retrasando. El talento y esfuerzo de Benjamín, así como el de todas las personas con discapacidad que logran entrar a la educación superior, no puede perderse porque esta no cuenta con condiciones para poder brindarles una experiencia educativa de calidad.
