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Síndrome de down

Beatriz, madre de un joven trans con síndrome de Down: «La sociedad cree que nunca lo va a tener claro»

JACK ES UN JOVEN ESPAÑOL DE 19 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN CUYA HISTORIA VISIBILIZA LA MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN A LA QUE SE ENFRENTAN LAS PERSONAS TRANS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. JACK POSEE DOCUMENTACIÓN CON EL NOMBRE ESCOGIDO POR ÉL MISMO Y EL TRATAMIENTO DE HORMONAS LE ESTÁ FUNCIONANDO PERFECTAMENTE; «HOY EN DÍA MI HIJO ES MUY FELIZ», CUENTA SU MADRE BEATRIZ GIOVANNA.

«La palabra de las personas con discapacidad no es concebida como algo serio, para la sociedad no tiene importancia ni validez. No son tomadas en serio y son tratadas como eternos niños que inventan cosas y de pronto cambian de parecer. Imagínate si lo que dice es que es transexual«, explica Beatriz.

Como el joven no se expresa ni escribe de forma convencional, Beatriz le ayuda a contar que «ser Jack» es lo mejor de todo el proceso, que empezó ya hace tres años. A sus 16 fue capaz de verbalizar con la ayuda de una psicóloga y una logopeda del centro al que acude que era un chico. Eso tras años de frustración y negativas a vestir y comportarse de una forma, asociada a la mujeres, que sentía impuesta.

«No creo que Jack sea el único chico trans con síndrome de Down. Estoy segura de que hay muchas personas con diversidad funcional a las que se les niega el derecho a la autodeterminación de género».

Está aprendiendo el oficio de cocinero y le encanta jugar a baloncesto, pero además cuenta con otra característica que le ha marcado la vida: es un chico transexual. La de Jack es una historia invisible y apenas contada, la de un camino de obstáculos para lograr que su decisión sea válida y respetada.

«¿Tu hija sigue diciendo que es un chico?»

Aunque Beatriz no esconde el duelo que ha supuesto «perder a una hija para ganar a un hijo» y reconoce que no ha sido un proceso fácil, alude también a los lazos y la estrecha relación que han logrado tejer. «Transitamos con paso decidido y en busca del derecho a ser y gozar de una ciudadanía plena. Sí, la de un chico con discapacidad mental, mi hijo, que decide y sabe lo que quiere».

Frente al prejuicio, esta mujer pelea para evitar que se repitan algunas de las situaciones desagradables que ya ha tenido que vivir antes y alude a que está convencida de que el proceso de Jack ha sido más largo que el de cualquier otro joven trans de su edad.

«Hay cosas que se te quedan grabadas. Hubo una psiquiatra que insinuó que su transexualidad era producto de que yo quería tener un hijo en vez de una hija», cuenta Beatriz. «Fue doloroso, pero lo que hice fue responderle que jamás se me ocurriría condicionar a mi hijo así y que no era una cuestión mía».

Recuerda también cómo una compañera con la que entonces estudiaba un máster universitario le preguntó: «¿Entonces tu hija sigue diciendo que es un chico?».

«El hecho de que tenga síndrome de Down hace que la sociedad crea que nunca lo va a tener claro y que está impedido para tomar decisiones».

Más allá de este tipo de discriminación más cotidiana e invisible, las personas con en situación de discapacidad y con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sufren también agresiones. De hecho, estos son dos de los parámetros que mide el Ministerio del Interior de España en sus informes anuales sobre delitos de odio: en 2017, se registraron 23 denuncias por el primer motivo y 271 por el segundo. Sin embargo, los colectivos creen que esta es la punta del iceberg lastrada por la infradenuncia. De hecho, solo la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales contabilizó el mismo año 623 incidentes de este tipo.

Jack confiesa que actualmente se encuentra «muy feliz». Desde el pasado mes de junio toma hormonas, pero aún no puede cambiar el sexo oficial en los documentos oficiales, aunque sí el nombre, algo que aún tiene pendiente y hará lo más pronto posible.

Con respecto al sexo, sin embargo, la patologización sigue pesando, ya que deben presentar un informe que acredite que tienen disforia de género, algo que el Congreso español está trabajando para cambiar. «La sociedad tiene una deuda pendiente con las personas diversas», concluye Beatriz.

Fuente: eldiario.es

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Inclusión Laboral

Solo el 14% de las personas que se identifican como LGBTQI+ se sienten apoyados por la organización donde trabajan

EL ESTUDIO REALIZADO POR LA CONSULTORA ACCENTURE ADEMÁS ADVIERTE QUE SOLO ALREDEDOR DEL 40% DE LOS EMPLEADOS LGBTQI+ SON TOTALMENTE ABIERTOS SOBRE SU IDENTIDAD/EXPRESIÓN DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL EN EL TRABAJO.

El año 1995 Accenture lanzó el primer plan estratégico y comité ejecutivo de inclusión y diversidad. “Luego, en 2003 se creó el rol de inclusión y diversidad como parte de un equipo global. Así, cada año impulsamos nuevas iniciativas, beneficios y alianzas para seguir garantizando la igualdad de oportunidad a todos y todas. Sabemos que existen dimensiones de privilegio y que estas se ven reflejadas en género, orientación sexual, nacionalidad y color de piel. Al entender el impacto que tiene la falta de consciencia de ese privilegio es que estamos convencidos de que debemos educar, visibilizar y proporcionar condiciones y oportunidades equitativas para todos y todas”, señala Gabriela Álvarez, Directora Ejecutiva de Accenture Chile.

La consultora internacional es parte también de Pride Connectionuna red de más de 50 empresas en nuestro país que se unieron con el objetivo de erradicar la discriminación hacia las personas LGBTQI+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual y aliados) en los lugares de trabajo, y para fomentar y potenciar las políticas internas que protejan y garanticen sus derechos. Además, entregan oportunidades de capacitación y de apoyo a empresas que son más nuevas en programas de inclusión y diversidad.

El estudio Getting to Equal 2020: Pride reveló, entre otras cosas, que solo alrededor del 40% de los empleados LGBTQI+ son totalmente abiertos sobre su identidad/expresión de género u orientación sexual en el trabajo, lo que indica que el malestar todavía abunda incluso en las naciones progresistas. La investigación que se efectúo en 26 países, demostró también que solo el 14% de los empleados LGBTQI+ se sienten totalmente apoyados por su empleador cuando se trata de problemas como mejorar la diversidad de la expresión de género/identidad sexual; y el 19% de los que no son sinceros sobre su identidad/expresión de género u orientación sexual en el trabajo, temen ser discriminados si se declaran.

A los 19 años fue la primera vez que Nalladeth Pavez (36) habló con sus padres sobre su orientación sexual y a los 25 años reconoció socialmente que era lesbiana. Les dijo a todos, menos a sus compañeros de trabajo. “Temía no encajar en ciertos estándares heterosexuales y ser objeto de comentarios acosadores, hirientes o bien de un despido arbitrario. Lo que en ese momento no podía permitirme, pues tenía una familia a quien apoyar económicamente”, cuenta la ingeniera informática y especialista en business intelligence.

Como Nalladeth nunca reveló que era lesbiana en los trabajos donde estuvo, cuenta que no fue discriminada, pero sí tuvo que inventar una vida de fantasía acorde a la heteronormatividad conocida y aceptada por la sociedad. “En las conversaciones con compañeros notaba un trato despectivo cuando hablaban de las minorías y eso me llevó a esconderme aún más”, comparte.

Después de muchos años de ocultar su orientación sexual por temor a represalias, la profesional encontró un trabajo en el que sintió la confianza de hablar de ello. “Hoy en día la mayoría de las empresas quieren tener la bandera de la no discriminación, pero en el fondo queda mucho para lograr ese objetivo. Se han dado pasos firmes como la Ley de Inclusión Laboral y en cuanto a discriminación, la Ley Zamudio; pero si profundizamos en la esencia del concepto de inclusión, no necesitaríamos de una ley propia para este u otro grupo de personas, pues todos aspiramos a que los puestos de trabajo estén adaptados y sean accesibles universalmente, dado que diferencias y limitaciones tenemos todos”, señala la profesional.

El año 2019, el Movilh entregó su XVIII informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile, el que dio cuenta de 72 denuncias por homo-transfobia laboral. De los abusos denunciados, 42 dañaron a gays, 24 a lesbianas y 6 a personas transgénero. De los casos expuestos en el informe hay denuncias de docentes, auditores, funcionarios públicos, vendedores, entre otros, quienes revelaron hostigamiento, maltrato y humillaciones en sus puestos de trabajos debido a su orientación sexual.

Hechos de discriminación que según Aníbal Varisco (32), contador púbico, siguen sucediendo pese los avances en materia de inclusión. “He tenido la oportunidad de conocer relatos de amigos de otras empresas y no existe una real cultura de inclusión aún. Si bien en este último tiempo hemos visto un mayoritario apoyo en la sociedad chilena, a diario se observan hechos de discriminación en una sociedad con rezagos aún conservadores. La inclusión para muchos sigue siendo sinónimo de gasto y simplemente no existe una agenda al respecto”, comenta el profesional, quien hace solo tres años reveló su homosexualidad en su trabajo, debido a que existía una real política de integración.

Fuente: Revista Paula

 

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Discapacidad Diversidad Diversidad de Género Diversidad Sexual LGBTI Sexualidad

«Las personas LGTBI con discapacidad se enfrentan a una discriminación múltiple»

«Me molesta mucho que la gente piense que soy asexuado», dice el español Arturo Góngora. Con esta afirmación hace frente a una creencia generalizada y falsa: que las personas en situación de discapacidad no tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Si a esto le añadimos que Arturo es gay, la discriminación que sufre se multiplica.

«A la discriminación que existe con la discapacidad en general, a veces se une una doble discriminación por ser LGTB, o una triple por el color de piel, por ser gordo, por ser «afeminado», etc. Porque parece que solo existe la atracción hacia determinados cuerpos muy estereotipados», explica.

«En las personas con discapacidad ha habido una tendencia a la infantilización, a privarnos de nuestra sexualidad, de nuestros deseos como hombres y mujeres que somos. Eso pervierte nuestra libertad a la hora de manifestar nuestra expresión de género, nuestra orientación y nuestra identidad sexual», indica el delegado para los Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Jesús Martín.

Coincide Estafanía Sancho, que tiene discapacidad intelectual, es lesbiana y trabaja como administrativa en Zaragoza: «La sociedad piensa que por ser persona con discapacidad, y más todavía si es intelectual, todos tenemos que ser iguales. Cuando le dices a la gente tus gustos les cuesta comprender, porque siguen pensando que las familias tienen que estar encima de nosotras y que la sociedad nos tiene que dejar de lado, y no es así».

El sexólogo de la Asociación Sexualidad y Discapacidad y asesor de Plena Inclusión en España Carlos de la Cruz considera que la sexualidad de las personas con discapacidad «está ya en la agenda». Destaca, eso sí, que «es el momento de pasar del tabú a la tarea». Y se marca cuatro ejes de trabajo básico: acabar con el silencio alrededor de la sexualidad de las personas con discapacidad; favorecer la intimidad, cuando «muchas veces se ha primado la protección»; ofrecer tanta autonomía como sea posible, evitando la sobreprotección; y el acceso al cuerpo. Y esto, teniendo en cuenta las dobles discriminaciones, como ser mujer o LGTBI, por ejemplo.

«Si yo no veo la sexualidad desde el punto de vista heterosexual, como para ver la homosexual. Y ahí es donde se producen las discriminaciones, a veces dobles o triples», indica De la Cruz. «Ahora que hablamos de legitimar sexualidades, no se nos puede olvidar que dentro del colectivo de personas con discapacidad existe un porcentaje de personas LGTB que necesita expresar su sexualidad igual que el resto», destaca.

«Se empieza a hablar», resalta Arturo, «pero muy por encima y de una forma muy heteronormativa. Solo se normaliza el autoerotismo, la masturbación y la sexualidad contigo mismo, que está muy bien, pero también hay que relacionarse con otra gente».

«Se prioriza la discapacidad»

Para superar este escollo, el sexólogo reivindica una «doble tarea de trabajo con las familias y los profesionales» que pase por «hacerles ver que todas las personas tienen sexualidad y que, dentro de eso, es tan plural como en el resto de la sociedad. Si es un error presuponer la heterosexualidad en un instituto, también lo es hacerlo en un centro de personas con discapacidad».

«Hay familias que no apoyan, no comprenden que su hija sea una mujer lesbiana», apunta Estefanía. «Los colegios tampoco están acostumbrados a tener personas con discapacidad, porque no están adaptados y no podemos ser nosotras mismas», añade.

Para la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) en España, Uge Sangil, la invisibilidad de las personas LGTBI con discapacidad radica en que «se prioriza su discapacidad por encima de su orientación o identidad de género, por lo que esa parte del bienestar psicosocial desaparece, cuando deberían ir totalmente a la par». Esta organización acaba de firmar un convenio de colaboración con la Fundación ONCE para trabajar de forma paralela las múltiples discriminaciones que sufren las personas LGBTI con algún tipo de discapacidad.

«Cuando interaccionan distintas variables, los riesgos se multiplican», apunta la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí. Discapacidad, orientación sexual, género, pobreza… son factores que, combinados, agravan los efectos de la discriminación en cualquier ámbito. «El ámbito laboral es uno de los espacios donde la discriminación contra el colectivo LGTB en general es más difícil de identificar y denunciar, porque la gente se está jugando su medio de vida», indica José Luis Sánchez Castaño, que es gay con discapacidad no visible y trabajador de Inserta, la plataforma de recursos humanos de la Fundación.

«Una entrevista de trabajo, un estrés»

Según el informe de la OCDE ‘Miradas a la sociedad’, en España la población LGTB visible tiene un 7% menos de posibilidades de acceder al mercado laboral que la heterosexual, cobra un 4% menos, tiene más dificultades para llegar a puestos directivos y el 37% afirma haber sentido discriminación en su entorno de trabajo.

Así, ocultar la orientación sexual acaba siendo muchas veces una necesidad. Más aún dentro de un colectivo, el de la discapacidad, donde la tasa de paro es del 26% –frente al 17% de las personas sin discapacidad– y la de empleo del 25,8% –por el 64,45%–, según datos del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE). «Para muchas personas con discapacidad, ir a una entrevista de trabajo supone un estrés por ver cómo van a reaccionar cuando le vean con una muleta, por ejemplo. Si a esto le unes el factor LGTBI, todo se puede complicar», añade José Luis.

Él ha sufrido homofobia en empleos anteriores. «Estuve en empresas en las que los jefes utilizaban la palabra ‘maricón’, con ese desprecio, esa superioridad, ese machismo. Incluso veía actitudes homófobas en compañeros. Eso genera una presión constante: tienes que medir qué haces, qué dices… Recuerdo que se lo conté a un compañero y me dijo: yo no tengo ningún problema, es una cuestión privada que no tienes por qué sacar en el ámbito de trabajo. Es la homofobia laboral. Mientras las personas heterosexuales pueden hablar libremente de su familia, de sus hijos, etc., yo tenía que ocultar lo que hacía con mi novio, si me había ido de puente o si estaba enfermo. Eso no es una cuestión sexual, engloba toda tu vida».

La múltiple discriminación afecta también a los delitos de odio. En 2018 el Ministerio de Interior de España registró 259 hechos conocidos por delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y 25 por discapacidad. Son solo, como destaca el Gobierno en su informe, los «conocidos» por la administración, porque el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia registró cerca de 300 en el mismo periodo, solo en la región. «El dato no se cruza, por lo tanto no sabemos cuántos delitos de odio se producen por ser LGTB con discapacidad, y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de denunciar», indica Sangil, que destaca que la falta de registro puede deberse a múltiples factores: «Al miedo a visibilizarse, porque no sabes que debes denunciar de esa manera o por qué te están agrediendo».

«No tenemos datos, por lo que es una de las líneas en las que queremos trabajar, para arrojar luz y deseñar actuaciones y lineas de trabajo», explica Palahí, que considera que «clarisimamente, al interseccionar ser LGTB y tener discapacidad, los delitos de odio también crecen de manera importante». «Yo no he sufrido, pero sí que leo, busco información y ves casos… Intentamos hacer nuestras vidas y la sociedad nos pone unas barreras…», lamenta preocupada Estefanía.

Una sociedad «desinformada y sexista»

«Como persona sorda, mujer y lesbiana, en este grado y orden, recibo y percibo constantemente actitudes que no son más que resultado de una sociedad estructuralmente desinformada y sexista», asevera Mónica Rodríguez Varela, una joven gallega de 29 años que se mudó a Madrid a los 16 «en busca de mejores condiciones educativas» ante la falta de recursos en las aulas. En su caso, considera que «identificar tanto el capacitismo como la misoginia y la LGBTIfobia interiorizada se hace necesario para poder construir una sociedad más justa, y es tarea de la administración pública y diferentes agentes sociales concienciar y legislar en esta materia».

Las barreras existen también dentro del propio colectivo. «La sociedad invita a la participación de las personas sordas siempre que acaten la oferta normoyente, por lo que dentro del colectivo LGTBI+ también se dan situaciones en las que es difícil participar en igualdad de condiciones por ser persona sorda y usuaria de lengua de signos», indica Mónica, que considera que «no solo se debe a la falta de recursos, principalmente es una cuestión actitudinal, que un acto sea o no accesible solo es la punta del iceberg».

«Existe mucha etnodiscriminación»

«Se producen barreras arquitectónicas, pero también muchas mentales», coincide Arturo. «La gente, sobre todo los hombres, muchas veces no es tan abierta como dice públicamente. Existe mucha etnodiscriminación», lamenta. Esto se acentúa en aplicaciones para ligar o tener relaciones, donde «es mucho más directo, se exige una personalidad y unos cánones físicos muy estrictos: más o menos pelo, sin pluma, alto, una musculatura decente… y si no tienes todo eso y encima, como yo, te muestras en silla de ruedas, la indiferencia es el doble», explica. Y aclara: «Pero pasa igual en el mundo real, cuando voy por la calle nadie me mira y, si me mira, es en plan mal».

«Igual se visibiliza más porque utilizamos redes, pero ocurre en todos los mundos, sobre todo por la percepción de que las personas con discapacidad no tienen sexualidad», apunta Sangil. «Establecer relaciones de afecto para una persona con discapacidad, sea gay o hetero, es complicado. Nos lo tenemos que esforzarnos un poco más, porque nuestras mentes o nuestros cuerpos son diferentes. La gente quiere tener sexo o enamorarse de una persona que esté ‘buena’», considera Martín, el delegado del CERMI.

«Hay pocos referentes homosexuales en los cuentos, en las pelis y en los relatos, por lo que las personas con discapacidad crecen sin referentes y en las charlas de familias, cada vez más aunque todavía hay pocas, el tema LGTB ni siquiera se aborda. Si hablamos de romper silencios, el silencio LGTB es uno de los que tenemos que romper», plantea De la Cruz.

Fuente: tododisca.com

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Denuncia Discapacidad Diversidad Diversidad de Género Diversidad Sexual Igualdad de Género Inclusión Justicia Ley LGBTI Senadis

Discapacidad e identidad de género lideran las denuncias por Ley Zamudio

Análisis de Fundación Iguales indica que se presentaron 66 demandas en 2019, cifra considerada como baja. Aseguran que la norma desincentiva las denuncias.

La ley que sanciona los actos de discriminación de cualquier tipo, conocida como Ley Zamudio, cumple ocho años desde que fue promulgada, el 12 de julio de 2012, por lo que la Fundación Iguales realizó un balance del último año sobre la operación de la norma.

El informe de la Fundación Iguales plantea que, según datos entregados por el Poder Judicial, en 2019 se presentaron 66 demandas invocando esta norma a lo largo del país, mientras que en 2018 fueron 70 y en 2017 hubo 72.

Así, durante 2019, entre los motivos más frecuentes de las presentaciones están la arbitrariedad (37%), discriminación por casos de discapacidad o enfermedad (31,8%), la orientación sexual de la persona (4,5%) y la identidad de género (4,5%). Además, un 6,3% de las acciones correspondió a discriminación por ideología u opinión política y el 4,5% a temas raciales.

El reporte añade que desde que entró en vigencia la ley se han dictado un total de siete sentencias condenatorias en materia penal.

Jorge Lucero, abogado de la Fundación Iguales, explica que la cantidad de presentaciones es baja, debido a que la norma 20.609 tiene problemas que deberían ser subsanados a través de una reforma a la ley, proyecto que está en discusión en el Congreso.

Por ejemplo, Lucero señala que la ley no establece una indemnización a la víctima que vivió un hecho discriminatorio, sino que solo se aplica una multa (de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales) al responsable del delito. También añade que hay un desincentivo para utilizar esta norma, pues también considera multas a quien interpone la denuncia, pero finalmente no puede probar que se cometió el ilícito. Agrega que otra dificultad es que las pruebas deben ser presentadas por el propio denunciante, lo que, según el abogado, lleva a que “muchas personas no denuncien, porque no tienen los recursos para contratar a un abogado; es contraproducente”.

Alessia Injoque, presidenta de Iguales, plantea que la ley ha sido muy importante para dar protección a todas las personas por actos discriminatorios, pero considera que la norma “se quedó corta, porque las sanciones son bajas y es muy difícil el proceso probatorio. Una persona debe presentar pruebas de que hubo un delito, pero ello no se le pide, por ejemplo, a una empresa”.

También agrega que se debería crear una institución al alero del Estado que prevenga casos de discriminación a través de políticas públicas, que fiscalice, controle, haga estudios y desarrolle capacitaciones en torno al tema, lo que ha sido solicitado al gobierno.

La dirigenta agrega que aunque la sociedad chilena ha avanzado en un mayor respeto hacia las personas de distintas orientaciones, aún se dan situaciones donde víctimas han invocado la ley porque, por ejemplo, “a una pareja se le pide que se retire de un restaurante por su condición, lo que es inaceptable”.

Prevención

El abogado Mauricio Tapia, académico de la U. de Chile, coincide en que la implementación de esta ley es “relevante, porque intenta prevenir y sancionar las conductas discriminatorias por raza, religión, orientación sexual o política”.

Indica que, “a mi juicio, que no haya un número alto de causas se podría deber a que la ley ha tenido un efecto disuasivo y la exposición pública que involucran estos actos evita que ocurran. Se piensa dos veces antes de cometer un acto”. También propone un aumento de las multas por discriminación, pues considera que elevarlas podría llevar a un mayor cumplimiento.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Ignacio Latorre, afirma que se ingresó un proyecto para hacer cambios a la norma y, en las últimas semanas, han estado en etapa de audiencias para conocer opiniones. “En Chile falta promover una institucionalidad que proteja a la ciudadanía de la discriminación arbitraria”, advierte el legislador, quien añade que distintas organizaciones han planteado que hay barreras de entrada al sistema judicial.

Discapacidad

Uno de los ámbitos más denunciados es la discriminación por discapacidad. Ximena Rivas, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, sostiene que en caso de que una persona requiera apoyo judicial, la institución cuenta con un programa de acceso a la justicia. “Pueden acudir a él quienes han vivido actos u omisiones constitutivas de discriminación o bien vulneración de derechos en razón de su discapacidad”.

Añade que se trata de un programa gratuito, que trabaja junto a las corporaciones de asistencia judicial, con abogados especializadas en temáticas de DD.HH. y discapacidad. En 2019, a través de este programa fueron atendidos 1.812 casos.

Fuente: latercera.com

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Escocia: el primer país en abordar temas LGBTI en la educación escolar

En Escocia legislaron para que alumnos de todas las escuelas públicas aprendan sobre la historia de los movimientos LGBTI, la terminología, las identidades, equidad y derechos. Se espera que para el regreso a clases post pandemia se comience a aplicar este plan a nivel nacional.

Tener una educación pública que sea inclusiva con la comunidad LGBTI, será una realidad en los colegios de Escocia. Y no, no es una promesa de campaña. Se trata de una transformación pionera que convierte al país en el primero del mundo en respaldar legalmente la inclusión en las salas de clases.

Este cambio de paradigma en la educación, se debe a que el Parlamento aprobó una legislación para que los liceos públicos incluyan contenidos sobre la comunidad LGBTI y con ellos se pueda combatir la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

¿Qué dice la nueva ley? ¿En qué consisten estos tipos de rechazo? ¿Cómo serán los contenidos? A continuación, te explicamos.

El primer paso: “prohibido prohibir”

El camino no fue fácil para incorporar a las escuelas públicas en una legislación más abierta con la comunidad LGBTI. De hecho, para saber cómo fue posible, hay que remontarse al año 2000, cuando el Parlamento derogó una polémica ley de 1988.

Esta prohibía que la homosexualidad al interior de los colegios fuera aceptada. Sin embargo, doce años después, fue eliminada de la legislación escocesa por ser considerada discriminatoria.

Afortunadamente, 99 parlamentarios votaron a favor de su eliminación y 17 lo hicieron en contra, transformando a Escocia en el primer país del Reino Unido en eliminar esta ley y hacer un cambio de este tipo.

“El plan educacional debe ser tan diverso como nuestros estudiantes»

En Escocia, donde nueve de cada diez estudiantes LGBTI reconocen que han sido víctimas de bullying y homofobia, esta nueva ley busca marcar un antes y un después en miles de niños y jóvenes.

A diferencia de lo que se podría pensar, su diseño no surgió en el Parlamento, sino que es resultado del trabajo de más de quince organizaciones que promueven los derechos de la comunidad LGBTI y que en 2015, lanzaron la campaña Tiempo para una Educación Inclusiva (TIE, en inglés).

Durante los dos años siguientes, conformaron el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva LGBTI y se dedicaron a conseguir el apoyo de los miembros del Parlamento, sin importar su tendencia política.

En mayo de 2017, confirmaron haber superado esta tarea: varios de ellos firmaron un compromiso inicial de cinco puntos:

  1. Mejorar la inclusión LGBTI.
  2. Mejorar las prácticas y la orientación para que docentes aborden los temas LGBTI.
  3. Entregar formación profesional sobre la temática para los docentes actuales y los futuros.
  4. Realizar un seguimiento a los colegios públicos que abordan contenidos LGBTI.
  5. Abrir un registro de los casos de bullying en contra de los estudiantes LGBTI que ocurran los en colegios.

Tras esto, las organizaciones desarrollaron un informe con 33 recomendaciones para que la historia LGBTI, el glosario más adecuado y su correcto uso, entre otros temas, ingresen por la puerta ancha a las salas de clases.

Así, los estudiantes tendrán en cuenta que “ser homosexual no es una elección, ser homofóbico sí lo es”, tal como dijo Jo Fitzpatrick, miembro del Foro por la Igualdad de la Academia Nairm, en un poema que escribió y que fue incluido en el documento.

Este informe fue aprobado por el Parlamento y la campaña marcó un hito histórico en Escocia. Incluso, el jefe de la campaña y co-fundador de TIE, Jordan Daly, la calificó como una “victoria monumental”.

Escocia ya se considera uno de los países más progresistas de Europa para la igualdad LGBTI. Me enorgullece anunciar que seremos el primer país del mundo en tener una educación inclusiva LGBTI incluida en el plan de estudios. Nuestro sistema educativo debe apoyar a todos para alcanzar su máximo potencial. Por eso es vital que el plan educativo sea tan diverso como la gente que aprende en nuestras escuelas», dijo el viceprimer ministro, John Swinney.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Como en 2014 el gobierno escocés lanzó una guía de Conducta de Relaciones, Salud Sexual y Educación de la Paternidad en las Escuelas, una de las primeras recomendaciones es que la actualización de este documento sea una prioridad para el gobierno.

En esta nueva versión, la idea es que se especifiquen las identidades LGBTI y sus relaciones, se aprendan a reconocer los casos de discriminación al interior de los colegios y su impacto en los estudiantes y en la sociedad. Además, con diversas actividades grupales, se fomentará una cultura del respeto, la privacidad y el consentimiento.

También se abordará la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, entendidas como las “acciones o ideas discriminatorias o prejuiciadas sobre la orientación sexual real o percibida de alguien”, ya sea homosexual, lesbiana, bisexual o trans, respectivamente.

La metodología de trabajo es otro tema que recibe bastante atención. Al respecto, la campaña consideró la creación de un Grupo de Implementación en que ellos puedan participar junto al gobierno escocés y la agencia estatal COSLA.

Ahora, si te preguntas cuándo se aplicarán estas recomendaciones, la respuesta es inmediatamente, según el gobierno local. Eso sí, lo que tomaría más tiempo es el trabajo conjunto, pero desde ya tiene una fecha límite: mayo de 2021. ¿Por qué?

Esa es la fecha en que finaliza el actual gabinete parlamentario. Pero independiente de eso, la aprobación, que era la barrera inicial más compleja, ya fue superada.

Fuente: eldefinido.cl

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Diversidad Diversidad Sexual LGBTI

Ley de Identidad de Género: comenzó la reserva de horas para cambio de nombre y sexo registral

La ley apunta al cambio de nombre y sexo registral, pero también incluye aspectos relacionados con el derecho a la identidad de género y la privacidad de los procedimientos. A partir de hoy ya es posible la reserva de hora en las oficinas del Registro Civil para la audiencia especial que será a partir del viernes 27 de diciembre.

Desde 2013 se esperaba en el Congreso la aprobación de la Ley de Identidad de Género, lo que finalmente se logró en 2018. Gracias a ella toda persona mayor de edad podrá, hasta por dos veces, y a través de los procedimientos que contempla la ley, solicitar la rectificación del sexo y nombre que aparecen en su partida de nacimiento. Así, esos datos serán coincidentes con su identidad de género.

El 27 de diciembre ese trámite se podrá realizar. Ese día entra en vigencia la ley, lo que implica que las personas que lo deseen podrán efectuar los procedimientos de rectificación de sexo y nombre registral ante el Registro Civil y los Tribunales de Familia, explica Constanza Valdés, licenciada en derecho y activista trans.

Y a partir del lunes 16 de diciembre, ya es posible la reserva de hora en las oficinas del Registro Civil, para esa audiencia especial será a partir del 27 de diciembre.

Pero además, dice Valdés, entran en vigencia el resto de las disposiciones legales relativas al derecho a la identidad de género y sus respectivas garantías. Principios que rigen este derecho, como la prohibición de discriminar por la expresión de género, “lo cual influye directamente en la aplicación de esta ley y su interpretación“, aclara.

“Esto también impactará en el ámbito de la discriminación por identidad de género que se revisan principalmente en los Tribunales de Justicia a través de recursos de protección y acciones de no discriminación, especialmente en el ámbito del reconocimiento del nombre social y las implicancias de la discriminación en razón de la identidad de género”, sostiene Valdés.

Valparaiso, 12 de septiembre de 2018. Público en las tribunas celebran la aprobación de la ley de Identidad de Genero en la Cámara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile
Valparaiso, 12 de septiembre de 2018. Público en las tribunas celebran la aprobación de la ley de Identidad de Genero en la Cámara de Diputados.

Sin exámenes físicos

Se podrá realizar a través del Registro Civil y ante los Tribunales de Familia dependiendo del o la solicitante. En el caso de personas mayores de 18 años sin vínculo matrimonial, el trámite se podrá efectuar ante el Registro Civil a través de un procedimiento administrativo que solo requiere la exigencia de dos testigos hábiles que acrediten que la persona solicitante conoce los efectos jurídicos de la solicitud.

El Registro Civil no podrá exigir ningún otro requisito, explica Valdés, tales como certificados psicológicos, psiquiátricos o haberse sometido a un tratamiento hormonal o intervención quirúrgica.

En el caso de adolescentes, es decir, personas mayores de 14 años, pero menores de 18 años, el trámite se realiza ante los Tribunales de Familia. En este caso la ley exige que éstos sean representados por sus representantes legales. “En conjunto con la solicitud, se deben presentar antecedentes que den cuenta del contexto psicosocial y familiar. Sin embargo, el juez puede exigir otros antecedentes”, dice Valdés.

Para los adolescentes los antecedentes que se piden son, un informe que acredite acompañamiento de al menos un año en los programas debidamente acreditados y un informe que descarte la influencia de terceros en la identidad de género del adolescente. “El juez podrá exigir otras diligencias, las cuales en ningún caso podrán ser exámenes físicos de ningún tipo”.

Finalmente, para las personas con vínculo matrimonial, la solicitud debe presentarse en Tribunales de familia. En el mismo juicio se tramitará la terminación del matrimonio y el cambio de nombre y sexo registral. El juez no puede exigir antecedentes para el cambio. “En razón de lo anterior se entiende, por la interpretación de la ley, que el juez no puede rechazar el cambio registral”, sostiene Constanza.

Derechos población trans

La entrada en vigencia de la ley, es un avance en los derechos de la población trans Viene a restituir parcialmente su dignidad en torno a la constante discriminación y exclusión que ha sido objeto por mucho tiempo, indica Valdés, “y que el Estado ha fracasado en dar una respuesta por mucho tiempo”.

“Esta ley recién viene a ser el piso mínimo en torno al reconocimiento de los derechos de las personas trans”, explica.

En la práctica, las personas trans podrán ver reconocida su identidad en la cédula de identidad, documentos públicos y privados. De esta manera, “se erradicaran todas las situaciones de discriminación que se dan por la no correspondencia entre la identidad de género de la persona y la consignada en los documentos público”.

Sin embargo, como la ley apunta principalmente al cambio de nombre y sexo registral, no soluciona situaciones como las de filiación, explica Valdés, que se puede dar en el caso de que una mujer trans sea madre y un hombre trans sea padre. “Tampoco aspectos relativos a la vivienda, educación, salud y trabajo de las personas trans”, indica.

 

Fuente: www.latercera.com

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