Se hace necesario que el Ejecutivo aborde la reforma de esta normativa, tal como se comprometió en su programa de gobierno.
Los desafíos de la educación inclusiva son dinámicos, pues la experiencia de la discapacidad y las necesidades de apoyo que de ella derivan están influidas por factores culturales, económicos y políticos que son cambiantes. Por ello, las políticas públicas relativas a esta materia requieren de una revisión y actualización permanente.
En este contexto, se evidencia que el Decreto 170 del Ministerio de Educación se basa en una forma de concebir a los párvulos y estudiantes que requieren apoyos que ha quedado obsoleta y que no refleja la complejidad y diversidad de las necesidades en el escenario educacional actual. En consecuencia, y pese a que la agenda pública carga con asuntos que han concitado mayor atención, se hace necesario que el Ejecutivo aborde la reforma de esta normativa, tal como se comprometió en su programa de gobierno.
El Decreto 170 se originó hace diecisiete años, a partir de la Ley Nº 20.201 de 2007, que creó una nueva subvención para párvulos y estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) e incluyó nuevas discapacidades en la subvención establecida por el DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación.
Esta ley dispuso que un reglamento debía establecer los requisitos, instrumentos y pruebas diagnósticas que permitirían a los alumnos con NEE ser beneficiarios de la subvención escolar preferencial para tales déficits. El reglamento se materializó en el Decreto 170, promulgado en 2009 bajo el título: “Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial”.
Para cumplir su propósito, el decreto define lo que se entiende por alumno con NEE, es decir, aquel que precisa de ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación.
Desde la implementación del Decreto 170, las escuelas regulares con Programa de Integración Escolar (PIE) han aumentado su matrícula de estudiantes con NEE. El PIE es la estrategia mediante la cual se adaptan las disposiciones del decreto a la realidad de las escuelas regulares, proporcionando apoyos especializados para garantizar la participación y el aprendizaje de los alumnos beneficiarios de la subvención. Aunque esta política es altamente valorada por las familias, presenta importantes falencias.
Uno de los principales problemas del decreto radica en la asignación de subvenciones basadas en necesidades educativas permanentes o transitorias.
Esta distinción carece de un fundamento científico sólido y se basa en un concepto de necesidades educativas especiales que ha quedado obsoleto, al centrarse en características individuales de ciertos estudiantes en lugar de considerar la interacción de estas con las condiciones del entorno educativo. De ahí que estas necesidades deban ser certificadas por profesionales de la salud, como establece la normativa. En su lugar, sería más adecuado adoptar una conceptualización más relacional, como la de necesidades específicas de apoyo educativo.
De igual forma, ante los desafíos actuales de las comunidades educativas, resulta urgente actualizar el listado de diagnósticos contemplados en el decreto, incorporando aquellos relacionados con la salud mental y las altas capacidades, entre otros. También es necesario revisar el enfoque patologizante de las descripciones diagnósticas.
Un ejemplo de lo desfasado que está el decreto es el hecho de que el déficit atencional (TDAH) se considere una necesidad educativa especial transitoria, cuando en realidad es un tipo de funcionamiento neurocognitivo permanente.
Otro aspecto preocupante del Decreto 170 es que asigna una subvención especial a las escuelas a través de un mecanismo de financiamiento basado en la demanda, vinculado a la asistencia de estudiantes con NEE. Este enfoque presiona a las escuelas para asegurar la presencia física de los estudiantes del PIE, dejando de lado el bienestar integral y omitiendo condiciones de salud subyacentes. De hecho, muchas veces las inasistencias reflejan una mayor necesidad de apoyo y recursos.
Por ello, sería conveniente pasar de un modelo basado en la demanda a uno enfocado en la oferta, considerando las características generales de los establecimientos.
Además, el Decreto 170 carece de un enfoque realmente inclusivo, ya que promueve un trabajo individualizado y segmentado. Una nueva normativa debería poner énfasis en las condiciones que las instituciones educativas ofrecen a todo el alumnado, integrando diversas áreas del aprendizaje e incluyendo a aquellos estudiantes que no reciben la subvención pero que se beneficiarían de apoyos específicos.
Las horas destinadas a las aulas de recursos deberían enfocarse en la creación de talleres extraescolares, en lugar de limitarse al reforzamiento pedagógico tradicional. Estos talleres, diseñados para periodos acotados, facilitarían la adaptación a la vida escolar y promoverían una experiencia educativa más colaborativa e inclusiva, respondiendo mejor a las necesidades dinámicas del estudiantado y fomentando la participación de todos, sin segmentar ni aislar a quienes requieren apoyos específicos.
A todo lo anterior se suma un problema de comprensión y gestión técnica en los distintos niveles de manejo de los recursos asociados al PIE. En este sentido, la normativa debería propender a una mejor calibración del número de estudiantes que integran el PIE, la cantidad de subvenciones y las horas de apoyo.
La falta de definición clara en las políticas públicas obstaculiza la toma de decisiones, dejando estos aspectos a la capacidad técnica de sostenedores y directivos, quienes no siempre cuentan con orientaciones suficientemente precisas. La respuesta a esta falencia debe basarse en una comprensión inclusiva y relacional de los desafíos de la discapacidad y las necesidades específicas de apoyo educativo. Todo esto se encuentra en el informe emitido en septiembre por la Contraloría sobre la fiscalización a los programas de integración escolar.
Se han planteado aquí algunos problemas del Decreto 170 que deberían ser suficientes para que el Ejecutivo atienda la urgente necesidad de actualizar esta política. Además, su reforma está comprometida en el programa del actual Gobierno, y debería orientarse a asegurar que el financiamiento “se entregue en función de los apoyos necesarios para una educación integral e inclusiva y no de la matrícula o asistencia” (p. 188 del Programa de Gobierno Apruebo Dignidad, segunda línea de trabajo del eje Inclusión y Discapacidad).
Esta promesa ha sido abordada en varias instancias por parte de las autoridades. El ejemplo más reciente quedó plasmado en las palabras de la subsecretaria Alejandra Arratia el pasado 4 de septiembre, en el seminario por el 12º aniversario de la Superintendencia de Educación, cuando afirmó: “Sobre el cambio del Decreto 170, efectivamente es algo que tenemos en programa de gobierno, es algo en lo que estamos trabajando”. Es momento de que esto se traduzca en hechos concretos.
Alejandro Wasiliew Conget
Diseñador de proyectos educativos en Fundación Wazú
