Categorías
Ley

Diputados aprueban proyecto que establece trabajo a distancia para cuidadores en caso de haber Estado de Excepción

LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS APROBÓ Y DESPACHÓ A TERCER TRÁMITE AL SENADO EL PROYECTO QUE ESTABLECE COMO PRIORIDAD EL TRABAJO A DISTANCIA DE TRABAJADORAS O TRABAJADORES CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CUIDADO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS Y/O DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, EN CASO DE DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL POR CALAMIDAD PÚBLICA O ALERTA SANITARIA POR EPIDEMIA O PANDEMIA A CAUSA DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA.

En sus fundamentos, el texto precisa que, como es de público conocimiento, nuestro país y el mundo están enfrentando una de las crisis sanitarias más grandes de las últimas décadas, situación que ha llevado a que las autoridades decretaran estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública para contener y frenar los contagios en la población, el que se encuentra vigente hasta el día de hoy.

En ese escenario, sostiene la moción, resulta extremadamente necesario proteger a los trabajadores y a quienes pueden ser afectados por un contagio, especialmente en el caso de niñas,  niños y Personas en situación de discapacidad, toda vez que se trata de un bien jurídico cuya protección no sólo corresponde a los padres, sino que también a toda la comunidad.

La iniciativa modifica el Código del Trabajo con el fin de agregar un artículo en el que se incorpora la obligación de los empleadores de ofrecer a las y los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años o de Personas en situación de discapacidad, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en caso de declaración de estado de catástrofe o pandemia.

Recuadro con un resumen de lo publicado en la noticia.

Se indica que si ambos padres son trabajadores y tienen el cuidado personal de un niño o niña, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá hacer uso de esta prerrogativa.

Se agrega que si la autoridad declarara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, y adopta medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de doce años, que se vea afectado por dichas circunstancias, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

Todo se podrá llevar a cabo en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitan y sin reducción de remuneraciones. En este caso, el trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta.

Se indica, además, que la modalidad de trabajo se mantendrá vigente durante el período de tiempo en que se mantengan las circunstancias descritas anteriormente, salvo acuerdo de las partes. Las mismas reglas se aplicarán para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado Personas en situación de discapacidad.

Al respecto se aprobó una indicación del Ejecutivo que señala que dicha circunstancia deberá ser acreditada a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Y el sector público?

Para la senadora Marcela Sabat la iniciativa destaca la importancia del cuidado, siendo un proyecto “pedido de miles de madres”. Si bien el proyecto tuvo una buena recepción en la discusión, hubo críticas de parlamentarios por no incluir en el proyecto al sector público. “Si estuviese pensado para el sector público habría que hacer un informe financiero porque implicaría costos”, señaló el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

De este modo, la diputada Gael Yeomans y el diputado Marcelo Díaz sostuvieron que “hay temas relacionados al teletrabajo que no están normados” y que el teletrabajo como tal no existe en el sector público, por ende, plantearon que se reemplace ese concepto por “trabajo a distancia”. 

Si quieres ver más detalles del proyecto y su aprobación HAZ CLICK ACÁ

Fuente: camara.cl
Categorías
Denuncia

Indignante: Trabajador en situación de discapacidad fue despedido tras denunciar maltratos por parte de sus compañeros

UNA GRAVE DENUNCIA REALIZÓ UN EXTRABAJADOR EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA EMPRESA KIBERNUM CHILE, QUIEN A TRAVÉS DE UN VIDEO MOSTRÓ CÓMO FUE ATADO CON CINTA ADHESIVA A UNA SILLA, MIENTRAS SUS COMPAÑEROS SE RÍEN Y LO GRABAN. ADEMÁS, ARGUMENTA QUE LO DESVINCULARON POR EXPONER ANTE EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA LA SITUACIÓN DE LA QUE FUE VÍCTIMA.

“No fue en el contexto de broma que ellos planteaban. En medio de una discusión se me intenta hacer reír y don Fabián me amarra con scotch y graban este video sin mi consentimiento y lo envían por WhatsApp”, afirmó Marcelo Delgado.

Según relató, les preguntó a los participantes del registro por qué le habrían hecho eso.

“Yo hablé al tiro esta situación. Me quitan el saludo, me quitan labores, el viernes fui agredido por el encargado de RRHH de Kibernum, se burlan de la inclusión”(sic), precisando que durante “la discusión me tiraban papeles y teclas”.

Afirmó que recibió un trato degradante y que está con psicólogo. Pero esa no habría sido la única situación, ya que -según detalló- vivió otro episodio de violencia de parte del encargado de Recursos Humanos el pasado viernes.

“Me empezó a gritar y yo lo empecé a grabar mientras me gritaba, luego me aprieta la mano para quitarme mi teléfono”.

En el registro publicado en la su perfil de Linkedin, se ve al hombre acercándose al trabajador, mientras éste lo graba y le recrimina que lo habían amarrado a una silla.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716323148083597312/

Versión de la empresa

A través de un comunicado, desde Kibernum informaron que “lamentamos mucho lo que se está viviendo en redes sociales con Marcelo Delgado, quien se desempeñaba como asistente en el área de Soporte y Redes”.

A diferencia de lo expuesto por el extrabajador, desde la empresa aseguraron que “él fue partícipe de un video (en el contexto juego) con sus compañeros de área, el cual ocurrió en enero de este año, situación que provocó él mismo, cuando solicitó que lo integraran”.

“El video y la situación fue conocida por Gerencia General de Kibernum en conjunto con RRHH, el día 11 de agosto” y Delgado fue desvinculado el viernes 25 de septiembre.

Dicen que el video fue sacado de contexto, “está editado y se está usando de mala forma, producto de su reacción ante el despido laboral”.

Agregaron que “Kibernum no considera adecuado este tipo de juegos durante la jornada laboral, lo que fue abordado con todo el equipo de trabajo (incluido Marcelo Delgado) en su oportunidad, donde analizados todos los antecedentes y se arribó a la convicción que no se trató en momento alguno de algo realizado contra o sin la voluntad de juego del Sr. Delgado”.

Para finalizar, afirmaron que “no estamos disponibles a ser objeto de faltas a la verdad, lo que puede ser ratificado a través de nuestros propios colaboradores”.

Ante una situación como la experimentada por Marcelo Delgado, la Dirección del Trabajo cuenta en su página web con una alternativa para realizar las denuncias en línea, ya sea el empleado afectado o sus compañeros de trabajo.

https://www.facebook.com/wazucl/posts/1208421756208977

Fuente: biobiochile.cl

Categorías
Accesibilidad App Inclusión Laboral Internacional Tecnología

El Big Data, nuevo sector de empleo para personas con discapacidad

El Big Data es un nuevo nicho de mercado para el empleo de las personas con discapacidad y el momento actual es bueno para que Fundación ONCE comience a formarlas y desarrollarlas profesionalmente para que puedan optar a diferentes puestos en este ámbito a medio plazo, tanto en grandes empresas como en pymes y centros especiales de empleo.

Esta es una de las conclusiones que se desprende del estudio ‘Big Data Inserción Laboral de Personas con discapacidad’ elaborado por KPMG para Fundación ONCE, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, que ha sido presentado hoy en la Jornada del Foro Inserta Responsable titulada Talento Digital y Big Data, ¿Una nueva oportunidad de incorporación de personas con discapacidad?

Tal y como ha explicado el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, el big data es una oportunidad para el empleo de las personas con discapacidad pero también supone un reto. “Nos tenemos que anticipar para que no se convierta en una barrera y además, tenemos que emplearnos tanto para formar a las personas con discapacidad para las nuevas profesiones que están emergiendo como para actualizar la formación de los que ya están trabajando”.

El director Data & Analytics de KPMG¸ José Ángel Alonso ha explicado queel estudio ha identificado que las organizaciones están empezando a diseñar sus propios departamentos o equipos Big Data. Hasta el momento la mayor parte de las empresas utilizan recursos internos pero para los próximos 6-12 meses, un 75% de las empresas compañías entrevistadas consideran comenzar a contratar perfiles o externalizar estos servicios. Se estima que el equilibrio entre oferta y demanda de puestos Big Data tardará entre 2 y 3 años.

Perfiles con mayores oportunidades

Se han identificado cuales son los perfiles más operativos, es decir, puestos que tienen mayor oportunidad para su ocupación, en términos de habilidades e idioma. Los puestos más operativos son administrador, desarrollador y arquitecto Big Data. Con un nivel medio de operatividad se encuentran los perfiles de visualización de datos, abogado y seguridad Big Data y analista de datos.

Cada año desde 2014 la AEDRH junto con EAE Business School, Human Age Institute y CEOE elaboran el informe EPYCE sobre los cambios y tendencias anuales en las competencias y posiciones más demandadas en el mercado laboral español. En el marco de las colaboración entre el Foro Inserta y la AEDRH, este año Inserta Empleo ha participado en la redacción del cuestionario EPYCE 2017 introduciendo por primera vez cuestiones vinculadas al valor que la discapacidad aporta a las empresas.

En este informe se identifican los profesionales en Big Data como los segundos más demandados en 2017 y los primeros en el futuro. Así lo ha explicado durante su intervención en la jornadala doctora e investigadora principal EPYCE EAE Business School, Pilar Llacer.

A continuación, la directora de Empleo, Formación y proyectos de Fundación ONCE, Sabina Lobato ha hablado sobre el impulso al talento digital de las personas con discapacidad, una cuestión en la que Fundación ONCE está poniendo especial empeño.

Por último, han hablado sobre sus experiencias en el ámbito del big data y las personas con discapacidad la CEO de Datahack, Lourdes Hernández; la directora de Relaciones Laborales de Axa, Carmen Corbatón y el director general de Ilunion Hotels, José Ángel Preciados.

El Foro Inserta Responsable está impulsado por Fundación ONCE es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita, compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de contratación de personas con discapacidad, RSE-Diversidad y el fomento de la gestión estratégica del talento diverso.

Este encuentro se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

 

Fuente: RRHH Digital

Categorías
Accesibilidad Gobierno Inclusión Inclusión Laboral Ley de Cuotas Trabajo

Un 40% de empresas cree que no podrá cumplir con cuota de inclusión laboral

Falta de infraestructura y de perfil específico serían las principales dificultades. Senadis es optimista pues se establece 1% como piso.

La nueva Ley de Inclusión Laboral, que comienza a implementarse el 1 de abril,  indica que las entidades públicas y privadas de más de 100 trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad.

Si bien la norma tiene apoyo transversal, existe temor en las empresas privadas de no poder cumplir con lo establecido, preocupación que fue revelada por un estudio realizado por Key Clouding – plataforma online de selección laboral- que encuestó a 300 ejecutivos de empresas nacionales, 50 de ellos de la Región, que indica que el 40% teme no cumplir con lo solicitado.

El análisis reveló que el 81% de los consultados cree que la ley será un aporte para la inclusión, pero que no serán capaces de hacerlo en el plazo estipulado porque no han encontrado personas minusválidas  que cumplan con el perfil para los cargos.

“Muchos gerentes de Recursos Humanos se preguntan dónde van a encontrar a personas con las características necesarias, ya que no existen bolsas de trabajo o consultoras especializadas en  reclutar y seleccionar este tipo de perfiles”, explicó Carmen Peralta, gerente Comercial de Key Clouding.

El 96,5% de los encuestados ve a los discapacitados como un aporte para las organizaciones, tanto por sus capacidades como porque generan una cultura más tolerante dentro de la empresa.

La encuesta mostró que las principales dificultades para contratar a dicho grupo es la falta de infraestructura (65,62%); 36% aduce desconocimiento de jefaturas sobre cómo abordar las relaciones laborales con personas minusválidas; 20% ve como dificultad el que dichos postulantes no  tengan las competencias específicas para cargos disponibles y, el 27% dijo que no existen personas suficientes para ser incluidas en el mercado laboral.

Peralta explicó que las empresas, en general, tienen buena disposición ante la ley, pero que el proceso no ha sido sencillo, pues han debido reformular su  infraestructura y establecer políticas de integración de equipos para incorporar a estos nuevos colaboradores.

Sin embargo, el desafío más relevante estaría en encontrar dentro de las personas con capacidades distintas el perfil que requieren tanto para el cargo.

De hecho, Peralta destacó que según cifras del Senadis, que considerando a personas entre 18 y 60 años, el número de discapacitados representa cerca del 17% de la fuerza laboral, pero un 40% presenta incapacidad severa que le impediría trabajar.

La gerente aseveró que habrán empresas que prefieran  pagar una multa en vez cumplir con lo establecido por ley y, en el caso de otras, que no puedan pagar las costas, incluso, podrían arriesgar ir a la quiebra.

Incumplimiento

Andrea Lozano, directora regional (s) de Servicio Nacional de la Discapacidad, dijo que desde que se promulgó la ley, en junio de 2017, se han reunido con diferentes actores involucrados en el tema para determinar cuáles son las dificultades que podría tener la implementación de la ley, y reconoció que dentro de las más recurrentes está la falta de infraestructura adecuada.

Sin embargo, precisó que la ley de Inclusión Laboral no es la que obliga a las entidades a ser accesibles para todas las personas, sino que normativas anteriores como la Ley de Urbanismo y Construcciones.

“Esta nueva ley está dejando de manifiesto el retraso e incumplimiento de las normativas de accesibilidad universal que existen en nuestro país. Según los años de edificación existen plazos, por ejemplo, las anteriores a 1994 deberían estar cumpliendo con la normativa, ese plazo terminó en 2003. Hay un segundo grupo de edificaciones entre 1994 y 2016  que tienen plazo hasta el 4 de marzo de 2019 para hacer todas las adecuaciones y, las nuevas construcciones de 2016 en adelante, que deben cumplir sí o sí con la norma de accesibilidad”, detalló.

Lozano dijo que de manera paulatina, tanto públicos como privados, deberían mejorar las condiciones de accesibilidad en sus edificios para permitir no sólo la inclusión laboral, sino también el acceso a servicios.

A pesar de la dificultad de infraestructura que se está presentando, Lozano dijo que están optimistas, pues la ley establece un piso mínimo de 1% e, incluso, “se contempla una aproximación de decimales al anterior, es decir, si tienes 199  trabajadores no vas a tener que contratar a dos personas discapacitadas, sino a uno”.

Detalló que han descubierto   faltas de competencias y de experiencia del grupo objetivo, “ahí son importantes los programas de capacitación que se puedan ir generando para beneficiarlos directamente y les va entregar herramientas para insertarse mejor en los puestos de trabajo”, dijo y comentó que están trabajando con una serie de instancias para apoyarlos.

De acuerdo al Estudio Nacional de la Discapacidad, realizado en 2015, la Región cuenta con 345.348 mayores de 18 años, pero quitando a niños y adultos mayores Bío Bío tiene una fuerza laboral de 26.000 que están inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad.

La directora llamó a la población discapacitada de la Región a inscribirse en dicho registro, ya que les habilitará acceder a servicios, beneficios y prestaciones sociales.

Categorías
Accesibilidad Gobierno Inclusión Laboral Política Trabajo

Alfredo Moreno: «La inclusión de personas con discapacidades requiere del mundo político y privado»

En el Día Mundial del Síndrome de Down, Alfredo Moreno compartió con personas con discapacidades en distintas actividades realizadas en Providencia.

Respecto a su inclusión, principalmente en el ámbito laboral, el ministro de Desarrollo Social señaló que «requiere del mundo político y privado. El desafío hoy es que muchas empresas que ya comenzaron a trabajar con personas en situación de discapacidad puedan, en adelante, transmitir su experiencia de inclusión a otras empresas».

Sobre la situación que viven ellos en el país, el secretario de Estado apuntó que «son muchas las organizaciones que actualmente trabajan para lograr una real inclusión. La capacitación permite el desarrollo socio-laboral de personas con discapacidad que buscan una oportunidad de trabajo, y esto debe ser replicado por las instituciones públicas y privadas, considerando, por ejemplo, que es el país latinoamericano donde más nacen personas con Síndrome de Down«.

A partir del domingo 1 de abril, en tanto, comenzará a regir la Ley de Inclusión Laboral: cada empresa o institución pública con más de 100 trabajadores, debe tener a un 1% de personas con discapacidades.

Fuente: Radio ADN
Categorías
Accesibilidad Inclusión Laboral Internacional Trabajo

[España] Empleo y discapacidad

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde este mismo mes, supone un gran avance social al reforzar de manera sustancial la dimensión inclusiva de la contratación pública, para impulsar y afianzar una contratación pública socialmente responsable.

Los avances se concretan en la reserva de contratos para las empresas de inserción, que puede llegar hasta el 10%; la ampliación y consolidación del uso de cláusulas sociales, disipando así cualquier duda sobre su aplicación; la aceptación del concierto social como modalidad no contractual de gestión de servicios públicos de carácter social; y lo más importante, la prohibición de contratar con aquellas empresas que incumplan su obligación de reserva de empleo del 2% en favor de trabajadores con discapacidad.

Sin embargo, para alcanzar la plena normalización de la contratación de las personas con discapacidad en el mercado laboral no basta la mera imposición normativa. La contratación inclusiva ofrece muchas ventajas, no solo estéticas o fiscales, sino también productivas, pero para ello se han de identificar y poner en valor las distintas capacidades de los trabajadores. Esto requiere un análisis previo del puesto de trabajo, su adaptación si así fuese necesario y disponer de un plan de acogida que facilite la incorporación del empleado, que debería hacerse de la mano del trabajador acompañante -previamente formado- en determinado casos. Las entidades sociales trabajan desde hace años informando y sensibilizando a las empresas acerca de la conveniencia de elaborar planes de acogida para atender y rentabilizar la diversidad entre sus empleados. Sin embargo, la falta de norma imperativa, su coste económico y la escasa certidumbre acerca de sus resultados, han sido un obstáculo casi insalvable para su puesta en práctica, salvo contadas excepciones.

La contratación inclusiva requiere un cambio cultural en la gestión de recursos humanos que llevará tiempo asimilar, tanto en la empresa privada como en la administración pública, pero los tiempos podrían acortarse si se activan las medidas y los incentivos adecuados.

En primer lugar, la Administración Pública ha de ser ejemplo y cumplir con el cupo establecido el Estatuto Básico del Empleado Público, el 7%, si es que ha de exigir también su cumplimiento a las empresas con las que contrata. Han de cumplir y han de hacerlo bien, porque de lo contrario, lejos de lograr las condiciones de igualdad deseables, se profundizará en el estigma social que recae sobre la discapacidad. Revocar los obstáculos técnicos, en el acceso al proceso de selección, o los físicos, en el lugar de trabajo, no es suficiente. Hay que utilizar herramientas -que las hay- que aseguren la plena integración del trabajador, situándolo en el puesto adecuado, donde mejor pueda rendir para dignificar así a la persona. Una acogida sin planificar o mal planificada puede entorpecer la relación con otros compañeros, perjudicar el ambiente laboral y afectar al rendimiento individual y colectivo del equipo de trabajo, y lo que es peor, puede resultar una experiencia muy dolorosa para quien la sufre. La solución pasa por contar con un plan de acogida específico, que incluya, al menos, el análisis y la adaptación del puesto, la formación y sensibilización de trabajadores.

En segundo lugar, deberían activarse medidas que faciliten a las empresas de más de 50 trabajadores, obligadas a la reserva de empleo del 2%, a cumplir con esta obligación de manera efectiva y adecuada, situando a la personas con discapacidad en el puesto ideal según sus competencias. También aquí, ayudaría, y mucho, disponer de un plan de acogida a trabajadores con discapacidad, de modo que empleador y empleado consigan los resultados esperados: uno, más rentabilidad, y el otro, las condiciones de igualdad y dignidad que merece. Subvencionar la elaboración de estos planes, la formación de empleados en esta materia o la figura del trabajador acompañante, sería una magnífica excusa para que ese empresariado más escéptico compruebe de primera mano las bondades de la contratación inclusiva. El cambio, entonces, podría llevar menos tiempo de lo esperado.

Israel Cortés concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante

 

Fuente: ABC.es

Categorías
Accesibilidad Gobierno Inclusión Laboral Trabajo

Más de mil empresas tendrán que cumplir con ley de inclusión laboral en el Bío Bío

Más de mil empresas de la región tendrán que cumplir con la ley de inclusión laboral a contar del 1 de abril. Son aquellas que cuentan con más de 100 trabajadores y que deben mantener al menos un 1% de personas con discapacidad en su dotación.

La normativa no contempla el tipo de contrato que deben tener, pero lo importante es que se respeta la dignidad, eliminando la discriminación, por ejemplo salarial. Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral.

En el supermercado A Cuenta de la avenida Gran Bretaña en Hualpén, las autoridades hicieron difusión de esta ley. Alejandra Araneda, gerente de ventas indicó que ya cuentan con cerca de 600 colaboradores en el país con algún tipo y grado de discapacidad, dos de ellos en Hualpén.

Jaime Arias, en representación de la Dirección del Trabajo, comentó se realizarán fiscalizaciones de manera presencial y digital; y en caso de incumplimientos, se puede llegar a multas de 3 a 90 UTM por empresa.

La ley de Inclusión Laboral será evaluada al tercer año para medir el real impacto de la cuota en el empleo para personas con discapacidad y la eventual mantención o aumento del 1% para las empresas.

Tatiana Risso (RBB)
Tatiana Risso (RBB)
Tatiana Risso (RBB)
Tatiana Risso (RBB)
Categorías
Accesibilidad Gobierno Inclusión Inclusión Laboral Política Senadis Trabajo

¿Y nuestra ley?

Ya han pasado siete meses desde que la Presidenta, Michelle Bachelet promulgó la Ley 21.015 que establece la cuota obligatoria del 1% de Inclusión laboral para Personas en situación de  Discapacidad en empresas u organismos públicos, que cuenten con cien o más trabajadores. Esta Ley, tenía seis meses para que sus reglamentos se dictarán. Estos son los que dan validez e inicio a esta anhelada ley para nosotros, las Personas en situación de Discapacidad.

Un mes de retraso, es excesivo. Las Personas en situación de Discapacidad debemos esperar que la gente que no necesita los ascensores dejen de usarlo, esperar que desocupen los baños exclusivos (cuando los hay), que llegue Carabineros para fiscalizar el mal uso de un estacionamiento reservado, que la persona que ocupa el asiento preferencial deje de hacerse la dormida, que se puedan transitar por espacios públicos, que la televisión se digne a usar Lengua de señas. Entre muchas más frustrantes situaciones cotidianas.

Basta de esperar, es urgente tener vigente esta Ley, por nuestro derecho y dignidad.

 

Peter Loch Troncoso
Fundador y Director en Fundación Wazu.

Categorías
Accesibilidad Gobierno Inclusión Inclusión Laboral Política Senadis Trabajo

Carta a Senadores

Estimados Honorables Senadores de la comisión de Vivienda y Urbanismo.

 

Tras dieciséis años de vivir en una silla de ruedas, finalmente puedo ver nacer una ley que es un avance maravilloso para la inclusión, la esperada Ley de Cuotas laborales para Personas en situación de Discapacidad. Sin embargo, este dos de enero, el Senado votará para extender el plazo de adecuación a normas de accesibilidad para edificios de uso público o que presten un servicio a la comunidad. Perjudicando así -entre otros muchos temas- el acceso al trabajo a las Personas en situación de Discapacidad.

Señores; Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Victor Peréz, Eugenio Tuma y Patricio Walker ¿Será necesario esperar de tres a ocho años más, para dejar de ser ciudadanos de segunda categoría?

 

Peter Loch T.
Fundador y Director en Fundación Wazu.

Categorías
Accesibilidad Inclusión Laboral Trabajo

Las personas con discapacidad y las barreras para entrar al mercado laboral

La infraestructura, mitos y el exceso de asistencialismo, son las principales dificultades que enfrentan aquellos con alguna discapacidad.

A una semana de la Teletón, uno de los temas que vuelve a tomar la agenda son las dificultades que deben enfrentar las personas en situación de discapacidad para ingresar al mercado laboral, donde las principales barreras están en la falta de infraestructura que les permita desplazarse con facilidad y en el desconocimiento y temor que rodea a los empleadores al momento de contratar trabajadores con capacidades diferentes.

Durante la semana, se realizaron con éxito dos ferias laborales que tenían como objetivo, precisamente, derribar los mitos que se mantienen en la sociedad sobre la discapacidad, entre ellos, está la creencia de que las personas con esa condición requieren de asistencia o que sólo son aptos para determinados puestos de trabajo. Para cambiar esta realidad y ante la alta demanda tras la promulgación de la ley de cuotas en discapacidad (junio), fundaciones como Teletón, Ronda y Best Buddies, asesoran a las empresas para ayudarlas a transitar por la camino de la inclusión.

Así es el caso de la organización sin fines de lucro, Best Buddies y que en palabras de su coordinadora nacional de programas de Inclusión, Jasmine Valenzuela, afirmaron que lo que ocurre en el país es que “hay mucho estereotipo sobre la discapacidad asistida, aún se cree que ellos no pueden, que no entienden, que son más lentos y otras frases más peyorativas, sólo por tratarse de personas diferentes. En sus casos se pasa por alto que ante la ley nacemos todos libres e iguales”.

De hecho, a su juicio, la principal barrera que deben enfrentar las personas con algún grado de discapacidad física o mental es el exceso de asistencialismo porque no sólo los insegurizan sino porque pierden su autonomía.

La directora regional de Senadis, Sandra Narvaéz, aportó otras de las creencias infundadas pero que están inmersas en la sociedad, se trata de una que afecta directamente a la comunidad sorda: “muchos creen que al no saber lenguajes de señas no podrán establecer una comunicación con ellos, pero desconocen que las personas con discapacidad auditiva saben leer y escribir en su mayoría, o de lo contrario podría verse como una oportunidad para aprender esa lengua”, aclaró.

Cifras regionales

En el Bío Bío, hay aproximadamente 26 mil personas, mayores de 18 años, inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, pero a esa cifra hay que restar la población que tiene una alta dependencia y, por lo tanto, no podrá acceder a un puesto de trabajo, según datos del Senadis Regional.

Respecto a los datos que arrojó el último estudio Nacional de Discapacidad (2015), en la Región hay 345.348 personas con esa condición, representando el 22,4% de la población total. De ellos, el 8,6% tiene algún tipo de invalidez severa, donde los adultos mayores son los que lideran la lista. El resto puede desempeñarse con total libertad en los diferentes ámbitos de la vida.

Una de ellas, es Claudia Sáez, quien trabaja hace años en el Unimarc de Gómez Carreño en Talcahuano. En su caso, su discapacidad de tipo leve –sufrió la amputación de la pierna izquierda y tiene prótesis – no le ha significado ningún impedimento para desarrollarse en total plenitud. Si bien, no necesitó una ley de cuotas para abrirse camino, cree que “era necesario que existiera una para las personas en una situación diferente a la mía”.

Su ingreso al trabajo fue por el conducto regular, se presentó como muchos otros al puesto de trabajo, tuvo una entrevista y espero que la llamaran. Su primera labor fue como cajera y los buenos resultados la hicieron convertirse en la jefa de compras del recinto. Para Alejandro Carrasco, gerente zonal del supermercado en Concepción, lo de Claudia, es “una historia admirable porque trasmite un espíritu de superación a todos sus colegas y porque lidera el buque con gran entereza”.

La marca es una de las más inclusivas a nivel nacional, aportando 180 fuentes de trabajo a lo largo del país, en el caso de la Región son alrededor de 80 los empleados que entregan su compromiso y profesionalismo al supermercado.

Ley de cuotas de Discapacidad

En junio de este año, se promulgó la nueva normativa que dispone una cuota del 1% de la dotación de personal para personas en situación de discapacidad en organismos públicos y empresas privadas con más de 100 trabajadores. También se eliminó que los empleadores tuvieran la posibilidad de pagar menos del sueldo mínimo a aquellos con discapacidad mental, cosa quedó explícitamente prohibida por tratarse de un acto de discriminación.

Esta iniciativa, para la directora (s) del Instituto Teletón Concepción, Natalia Llanos, “nace con la idea que se incluya a las personas con algún tipo de discapacidad, pero que se haga de una forma segura y que no vaya en desmedro de la empresa. Igual se entiende que frente a una nueva ley, se genere una especie de crisis nerviosa por parte de los empleadores que se asustan de incumplir y eso los lleva a recibir personas por el sólo hecho de ajustarse a la normativa”.

Es más, todas las organizaciones consultadas, afirmaron que han experimentado un aumentado en el interés y consultas sobre qué perfil de personas son más idóneas de acuerdo al rubro de cada institución. Ante eso y particularmente en el Instituto Teletón, mediante la Unidad Laboral, sirven de nexo “entre nuestros pacientes, que fueron dados de alta, y las empresas. Acá se confeccionó una pequeña bolsa de trabajo, donde los con edad de ingresar al mercado laboral, vienen a dejar sus curriculum y ahí se decide quién es más apto para una determinada oferta”, explicó Llanos.

Una de las primeras empresas en acoger la invitación a diversificar su planta de trabajadores es Otic Sofofa, que incluyó a dos personas con discapacidad intelectual.

Laura Sánchez de 30 años y titulada de Asistente Administrativo de la Universidad Andrés Bello, es una de las nuevas contratadas por la firma de capacitación.

“Trabajo supervisando los cursos, corroborando si están correctos los datos y si les llegó la orden de compra. Esto para mí ha sido una hermosa experiencia porque me gusta lo que hago”.

Para que haya más personas como Laura, se requiere, según la directora ejecutiva de la Fundación Ronda, María José Escudero, que las empresas se cuestionen desde qué lógica van a contratar a las personas “si lo harán por hacer un favor o cumplir con una ley o porque realmente entendieron que tienen mismas competencias que cualquier otro”.

Lo concreto es que “la discapacidad la tiene la sociedad por no aceptar lo diferente, no nosotros”, finalizó Claudia Sáez.

Ir al contenido