Por unanimidad se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que busca aumentar del 1% actual a un 2% las personas en situación de discapacidad contratadas para cumplir con la ley de inclusión laboral. Ahora deberá pasar al Senado para su tercer trámite.
Una gran noticia para la comunidad de Personas en Situación en Discapacidad (PeSD) es la que salió durante esta semana con lo que respecta al ámbito laboral. Se trata de la aprobación, por unanimidad de parte de diputadas y diputados, del proyecto de ley que busca el aumento porcentual de inclusión laboral para el año 2025.
En concreto, esta iniciativa tiene por objetivo “reforzar la inclusión laboral, tanto en el sector público como privado”, lo que considera un incremento, al año 2025, del actual 1% a un 2% de PeSD o asignatarias de la pensión de invalidez “que deben ser contratadas por las medianas y grandes empresas y formar parte de la dotación anual. Ello, en unidades laborales con más de 100 trabajadores. Así como, ser incorporadas en las instituciones públicas.”, señala la página oficial de la Cámara.
Por otro parte, en este proyecto se busca la modificación de normas que regulan el ingreso a la administración del Estado, municipios y dotaciones de asistentes de educación pública. Además se propone equiparar los estudios en escuelas especiales con el requisito de haber rendido educación media completa.
En tanto, la Dirección del Trabajo (DT) tendrá que mantener un registro público sobre inclusión laboral, y la Dirección Nacional de Servicio Civil informar “anualmente sobre el cumplimiento de la normativa legal por parte de las instituciones públicas. En especial, en materia de la selección preferente y la reserva de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez”.
A lo anterior se suman otras normativas, tales como:
- Cada empresa deberá tener un reglamento de protocolo de trato
- Una vez entrada la obligación del 2%, sólo se podrán efectuar donaciones por hasta el 1% de los trabajadores. Adicionalmente, se amplía el objeto de personas jurídicas y los proyectos a ser financiados.
- Se fija una regla por incumplimiento o cumplimiento parcial a la obligación subsidiaria a través de donaciones en dinero. Los recursos que se dirigirán a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que tengan como objeto social la inclusión e intermediación laboral, capacitación y rehabilitación.
- Se establecen inhabilidades entre donante y donataria. Junto a ello, se diversifican y se descentralizan las donaciones. La finalidad es que no más del 50% se destine a una única organización y, que al menos, un proyecto se destine a una organización que no se encuentre en la región Metropolitana.
El proyecto ahora pasó al Senado para su tercer trámite.
