El diagnóstico incluirá una encuesta que podrá ser contestada por estudiantes de pregrado de Derecho de universidades en distintas regiones del país, notarios, magistrados y abogados en ejercicio.
Enmarcado en el proyecto “Interacciones Cuidadosas en Justicia”, el Instituto Milenio para investigación del Cuidado (MICARE), en colaboración con la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de Chile, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y el Grupo Infancia y Justicia, realizarán un diagnóstico respecto a las barreras y facilitadores que deben enfrentarse las personas en situación de discapacidad para acceder a la justicia.
La investigación que contará con distintas etapas, que contempla la participación de personas con discapacidad e integrantes del sistema judicial, tiene por objetivo conocer la percepción de jueces, notarios, abogados en ejercicios y estudiantes de Derecho respecto a quienes viven en dicha situación.
Al respecto, Marcela Tenorio, directora alterna de MICARE, explicó que “Podremos comprender cómo están las actitudes y qué ideas hay en diferentes grupos de interés sobre las personas con discapacidad. Este proceso nos permitirá trabajar en intervenciones de nicho, basadas en características que son propias de cada grupo”.
Según declaró Tenorio, existen tres desafíos urgentes para lograr una justicia accesible e inclusiva: “Avanzar en la derogación de la interdicción por demencia como figura para personas con discapacidad a fin de avanzar un sistema que respete la plena capacidad jurídica y con un sistema de apoyos y salvaguardas; es importante mejorar el acceso a la información, siendo este tal vez el elemento que más reclaman las personas con discapacidad y sus grupos de interés asociado; y se hace necesario un trabajo enfocado en el cambio de actitudes hacia las personas con discapacidad en los diferentes operadores de justicia”.
El diagnóstico consistirá en una encuesta que podrá ser contestada dentro de los próximos meses por estudiantes de pregrado de Derecho de universidades en distintas regiones del país, notarios, magistrados y abogados que se encuentren ejerciendo.
Las representantes de MICARE y el Colegio señalan que hasta la persisten desafíos adicionales debido a la carencia de políticas y programas concretos para este colectivo, lo que evidencia la urgencia de abordar la falta de armonización legislativa y consulta vinculante en el sistema judicial chileno.
“En primera instancia, se requiere de un trabajo político, a nivel legislativo, que permita avanzar en un nuevo modelo de capacidad jurídica para Chile, ahora alineado a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, Naciones Unidas). La entrada del lenguaje claro y la Lectura Fácil son dos estrategias que pueden impulsar nuevas formas de participación en el sistema. Es también importante mejorar la formación e implementación de Ajustes Razonables y Ajustes de Procedimiento en el sistema. En este sentido, la figura del Intermediador Judicial, ya testeado en otros países, parece particularmente interesante”, añade Tenorio.
