Hay infinidad de situaciones que adquieren una extraordinaria relevancia en la vida cotidiana de muchas personas y, sin embargo, pasan inadvertidas para los focos mediáticos y, por tanto, para el conocimiento de los ciudadanos.
En España casi cien mil personas no pudieron votar en las pasadas elecciones generales por tener una discapacidad y una sentencia firme por incapacitación judicial. El sufragio es de facto uno de los derechos más universales. De este modo, en nuestro país no se cumple la Constitución Española porque se contravienen dos de sus artículos: el 14, que dictamina que los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo y condición; y el artículo 23, que especifica que «los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».
Se incumple además el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que reclama la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Convención que fue ratificada por el Reino de España y que el Comité sobre los Derechos de la Naciones Unidas ha dictaminado en su última revisión, instando a nuestro país a modificar el art. 3 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG).
Se trata de un severo error con más de 32 años de historia en el que, legislatura tras legislatura, nadie ha reparado en modificar. Para ningún partido político ni gobierno central ha significado algo prioritario. Y produce frustración. Parece como si la gestión pública se hubiera reducido a la profesión de la política-espectáculo, a la reiteración de consignas inertes frente al sublime debate de la convicción desde la palabra, al mecánico ataque a las propuestas adversarias pese a su posible acierto y la arenga a los «nuestros» desde el acento en la diferencia frente a los «suyos». Se trata de invadir con afectos y rencores contra la lógica y la razón.
Pareciera que la política fuese desde hace unos años la carrera de la perpetuación profesional individual a costa del valor compartido grupal. Y aunque jamás debe generalizarse a costa de estigmatizar, con el empuje de organizaciones sociales y civiles, de familias afectadas, de opiniones expertas generadoras de opinión y la bisoñez idealista de recién llegados, se logran las transformaciones sociales.
El CERMI, como máxima representación organizada de la discapacidad en España, lleva años sensibilizando y convenciendo de las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias. Se trata de entender que la discapacidad es accidental a la persona, por tanto, no afecta a su dignidad.
El año pasado mi partido, Unión del Pueblo Navarro, desde la humildad de dos escaños y la fuerza de la razón, logró convencer a todos los diputados del Congreso para que la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad tuviese rango legislativo.
Ahora apoyaremos la proposición de modificación de la LOREG presentada por la Asamblea de Madrid, iniciativa que UPN ya registró en el mes de febrero. Lograremos en común un nuevo avance en los derechos de las personas con discapacidad. Es cuestión de empuje, de persuasión y de actitud.
Gracias a organizaciones como el CERMI, a su presidente Luis Cayo Pérez Bueno, a su equipo de profesionales, a todas las organizaciones sociales en la búsqueda de los apoyos para lograr una vida autónoma e inclusiva de las personas con discapacidad. Tal vez lleguemos a redignificar la acción política cuando el mismo porcentaje de personas con discapacidad en la sociedad se refleje en la misma representación de esas personas en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, algunos encontramos el camino para seguir.
Íñigo Alli Martínez es diputado de UPN por Navarra y miembro del Comité de Apoyo por los DDHH de las personas con discapacidad de CERMI.
Fuente: El Mundo
