Una huelga de hambre iniciará la madre de Nicolás Mora, joven de Collipulli que padece discapacidad intelectual y cuya familia señala que un error de inscripción del Servicio de Salud habría dejado si uno de los medicamentos esenciales para controlar la situación de su hijo.
Hace una semana Nicolás atacó a su abuela ciega, dejándola con evidentes lesiones en su rostro.
Así lo dio a conocer Vilma Riquelme, quien dice que la situación con respecto al estado de salud de su hijo, se está volviendo insostenible.
Nicolás de 20 años necesita de inyecciones y siete medicamentos diarios para evitar su descompensación.
Este es el mayor temor de sus padres, ya que cuando se han registrado estos escenarios, el joven golpea a los miembros de su hogar.
Incluso hace una semana atacó a su abuela materna de 62 años. La mujer ciega terminó con lesiones graves y el caso fue recepcionado por Carabineros y la Fiscalía.
Vilma dijo que por lo anterior, fueron remitidos los antecedentes al Tribunal de Familia, donde teme que su otro hijo de 10 años deba dejar la casa, a propósito de los episodios de violencia y maltrato que se generan cuando Nicolás se descompensa.
También insiste en que en el Cecosf de Mininco se deben tramitar los medicamentos de su hijo mayor de manera mensual, por una presunta negligencia de inscripción desde el Departamento de Salud Municipal.
El pasado jueves, Vilma se reunió con personeros del municipio de Collipulli para tratar este tema. Desde la casa edil confirmaron la instancia, donde aseguraron que hay todo un plan de ayuda y contención al circulo familiar.
La vicepresidenta de la Nación se refirió al reclamo de instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
«Hablo con las organizaciones, saben del compromiso que asumí para que las demoras en los pagos se resuelvan lo más rápido posible», afirma a LA NACION la vicepresidenta Gabriela Michetti , en respuesta al reclamo de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad que tienen deudas del programa Incluir Salud . Explica que, a partir de la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad , ella preside una Comisión Interministerial «que lleva adelante estas políticas y sigue bien de cerca cada una de las problemáticas» con las que se encontraron, que «son muchísimas».
En estos últimos días se destrabaron varios fondos del programa Incluir Salud, pero las organizaciones aún reclaman varios meses de demora. ¿Por qué se llegó a esta situación?
Más allá de que la Agencia fue creada en septiembre del año pasado, Incluir Salud pudo empezar a liquidar una vez que estuvo designado Pablo Atchabahian como director y se concretó el pase administrativo de los fondos. Estábamos al tanto de las deudas e hicimos todo lo posible para apurar los tiempos del traspaso. Al día siguiente de su nombramiento, ya se estaban pagando de más de 500.000.000 pesos por día.
¿Cuándo van a estar resueltas las deudas?
A principios de mayo asumimos el compromiso de regularizar la situación en 60 días. Y así lo estamos haciendo. En mayo se terminaron de pagar todas las deudas de 2017 e, incluso, en algunos casos, enero de 2018, con el objetivo de en junio pagar febrero y marzo, y llegar a julio con la demora permitida de tres meses, que es lo que contempla la ley. De cara al futuro, nuestra meta es acortar lo más posible esos plazos.
¿Cómo se establecen las prioridades de pago habiendo tantas instituciones afectadas?
Hay más de 900 instituciones en todo el país, por eso, escuchamos a las organizaciones, con las cuales tenemos un diálogo fluido. Nos reunimos en varias oportunidades y les preguntamos quiénes estaban en las situaciones más críticas. En general, eran las más chicas y empezamos a pagarles primero. Pero se está cumpliendo el plan de pago acordado con todas. Es un esfuerzo administrativo enorme porque el sistema no estaba ordenado.
¿Cuál es la misión de la Agencia?
Queremos tratar los temas de discapacidad siguiendo la Convención de las Naciones Unidas y, para eso, se tiene que producir un cambio cultural: la discapacidad tiene que ser para la Argentina una política de Estado. Logramos reunir toda la problemática en un mismo instituto nacional a la altura de la presidencia o vicepresidencia. Si yo no estuviera en silla de ruedas, esto no habría pasado. Nuestro objetivo es dejar de ser asistencialistas para convertirnos en un órgano que realmente promueva la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, donde puedan capacitarse, estudiar y trabajar. El objetivo es que la política en materia de discapacidad este enmarcada en el paradigma de los derechos humanos y no en el médico. Una parte son los programas de salud, pero tiene que haber otros. Las transferencias económicas deberían ser las mínimas, los subsidios te colocan en el lugar de discapacitado y no como persona.
¿Qué presupuesto tienen asignado?
La Agencia cuenta con un presupuesto de 95.669.000.000 de pesos para 2018, de los cuales el 82,1% se usa en pensiones y solo un 17.9% se utiliza para las políticas públicas (el 17,1% es de Incluir Salud).
¿Cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron?
Empezamos a trabajar en tres planos: orden, diagnóstico y planificación. El primer paso fue armar el mapa de la situación y comenzar a ordenar cada área, algo que nos llevará un año más. Recorrimos las organizaciones para ver qué pasaba con este tema en la Argentina, fuimos a más de 400. Una de las cosas que detectamos es que la mitad está ubicada en el centro norte y que hay una desprotección enorme en el resto del país. Por eso, la idea es diseñar una política que apunte a esa realidad y a que las provincias asuman una corresponsabilidad. El Estado tiene que organizar esto, porque los recursos son finitos.
¿Cómo es el trabajo con otras áreas del Estado?
Pusimos en marcha el Plan Nacional de Discapacidad, que tiene el objetivo de construir políticas públicas a través de más de 60 proyectos articulados con distintos ministerios. Por ejemplo, con el de Modernización vamos a hacer un censo para ver dentro del Estado nacional cuántas personas con discapacidad hay contratadas y saber si cumplimos con el cupo del 4%. También en las empresas proveedoras del Estado. Otro de los deberes de la Agencia es visibilizar y concientizar. Por eso, durante todo el año vamos a estar haciendo campañas publicitarias disruptivas. Somos el primer país que tomó una iniciativa de Estados Unidos y desde hace unos días adoptamos un nuevo símbolo de discapacidad, que tiene movimiento, que tiene vida. Ya se está aplicando en Nueva York y otras ciudades norteamericanas. Lo vamos a llevar a las Naciones Unidas como tema. Es una forma de empezar a cambiar la cabeza, aunque sea con algo chiquito.
La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), es una oferta multiprogramática, que tiene como objetivo generar un proceso creciente, en los territorios, de inclusión social de las personas en situación de discapacidad, sus familias y organizaciones. Además, considera un plan de apoyo a los Municipios con la finalidad de impulsar gestiones intersectoriales de envergadura para estabilizar una política pública de largo plazo que fortalezca planes de inclusión social para las personas en situación de discapacidad, desde los gobiernos locales, en alianza con las organizaciones comunitarias.
La EDLI está dirigida a todos los Municipios que tienen Programa, Oficina o Departamento de la Discapacidad, los cuales corresponden a 150 de 345 Municipios según la Encuesta Nacional sobre Gestión Comunal de la Discapacidad, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Social, 2008.
Objetivo General:
Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde una perspectiva integral, por medio del apoyo, cooperación técnica y coordinación intersectorial, para reorientar y/o profundizar las políticas inclusivas de desarrollo municipal.
Objetivos Específicos:
• Impulsar estrategias inclusivas para Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) en los ámbitos de rehabilitación con base comunitaria, tránsito a la vida independiente, intermediación laboral y fortalecimiento del área de discapacidad municipal.
• Medir el nivel de inclusión de la gestión municipal con orientación específica a las personas en situación de discapacidad, a partir de la formulación y mejoramiento sistemático de un Índice de Inclusión Municipal en Discapacidad (IMDIS).
• Determinar la demanda territorial en materia de discapacidad de cada Municipio ejecutor, a través de un Diagnóstico Participativo organizado en conjunto con SENADIS.
• Colaborar con cada Municipio ejecutor en su proceso de diseño y perfeccionamiento de políticas y prácticas inclusivas, a través de la elaboración de una Guía de Gestión Municipal Inclusiva y Registro de Buenas Prácticas.
Un significativo adelanto consiguió el Juzgado de Familia de Yumbel, el inmueble más moderno que posee el Poder Judicial en el país, que ahora busca dar un adecuado acceso a la justicia a las personas con discapacidad auditiva.
Fue así como el equipo de trabajo liderado por la magistrada Alicia Bravo y el administrador Patricio Rojas, buscaron que los diferentes usuarios del tribunal pudieran comprender cabalmente lo que se discutía en las audiencias, por lo que crearon un simple, pero innovador sistema.
“Básicamente esto consiste en que se conectan audífonos al computador en que se está grabando el audio, con cables más largos y con volumen regulable, por lo que se puede escuchar de manera perfecta”, dijo la jueza Bravo.
El colocar el énfasis en las personas fue lo que llevó a este tribunal -que posee desde febrero de 2018 el sello “Chile Inclusivo” otorgado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis)- a preocuparse de una situación que afecta a muchas personas.
“Esta infraestructura nos ayuda muchísimo a prestar una buena atención a los usuarios, pero nosotros debemos buscar la forma de adaptarnos a ellos, encontrando los medios para hacerlo, si es que no existieran. Hay que humanizar el trabajo, dar facilidades, acceso al edificio y a la justicia”, complementó Bravo.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, una normativa novedosa, no solamente en el conjunto de España, sino en el conjunto internacional. Esta ley, que ve la luz en el día en el que se cumplen tres años de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, «marcará un antes y un después en España». Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha dado las gracias «de corazón» a todos los que han apoyado de forma constructiva esta ley y ha confiado en la ayuda del sector y de los grupos parlamentarios para desarrollarla «y profundizar y avanzar en ella». Un texto que, como ha confesado, surge de la escucha del «temor» y el «miedo» de muchos familiares de personas con discapacidad sobre lo que ocurría cuando ellos no estuvieran, algo que le «caló en la cabeza», especialmente al oír a una familia de Apanas, con la que espera reunirse en las próximas semanas. «Tomé la decisión personal y política de proponer que algo había que hacer», ha señalado el presidente autonómico, que ha aseverado que cuando esos familiares ya no estén «estará Castilla-La Mancha. Estará esta región, y estará jurídicamente», ha detallado, con un texto «que no tendrá limitación presupuestaria, porque tendrá que ir por delante de otras prioridades». UNA LEY CON DOS GRANDES OBJETIVOS La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha explicado que, para el desarrollo de la ley, se plantean dos grandes objetivos: sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial. De este modo, se elaborarán planes personales de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones y se impulsarán unidades de orientación y apoyo con orientadores; la puesta en marcha de una oficina regional de orientación y apoyo, y el registro de los planes de futuro. También se establecerá una garantía de apoyo residencial, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares. Para ello, el proyecto de ley establece una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aquellas personas con discapacidad que carezcan de apoyos familiares. El presupuesto para 2018 -que permitirá el desarrollo de la ley- asciende a cinco millones de euros, que conllevará la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental. Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36% del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla La Mancha. EL PP NO QUIERE SER «AGUAFIESTAS» Y VOTA A FAVOR De su lado, la diputada regional del PP Cortes Valentín, que ha censurado que la de apoyo para personas con discapacidad sea la «única» ley que ha presentado la Consejería de Bienestar Social, ha advertido a la consejera del ramo que «las leyes son sociales cuando se desarrollan, cuando se trabajan y cuando se cumplen». Valentín ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene capacidad para gestionar esta ley de forma «inmediata» y ha recordado que, gracias a las enmiendas presentadas por el PP (al pleno han llegado ‘vivas’ 11), se va a reducir a nueves meses el tiempo previsto para el desarrollo reglamentario de la ley. La parlamentaria, que ha apuntado que no quiere ser «aguafiestas», ha anunciado que la bancada ‘popular’ retira sus enmiendas porque desea que esta ley se apruebe por unanimidad. PODEMOS: CON ESTA LEY GANA C-LM La diputada de Podemos María Díaz ha apuntado que la importancia de «esta ley no está en la voluntad ni en el alma de un gobierno que está obligado a garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía», sino que es fruto de «la lucha y reivindicación que año tras año llevan realizando las familias y los profesionales en pro de las personas con discapacidad». «Hoy no gana ningún grupo parlamentario, gana la sociedad castellano-manchega», ha recalcado la diputada del Grupo Parlamentario Podemos. De su lado, el diputado del PSOE José Luis Escudero ha dado las gracias a los colectivos implicados en la discapacidad y ha destacado la actitud «constructiva» del PSOE para sacar adelante esta ley, valorando que mientras este jueves se ven «leyes de desconexión» en otros parlamentos, en el de Castilla-La Mancha se aprueba una ley que «cohesiona» y pone a la región en una situación destacada al servicio de las personas con discapacidad. Consulta aquí más noticias de Toledo.
Se abrirán 25 mil cupos de trabajo para personas con discapacidad
Desde este domingo entrará en vigencia la Ley de Inclusión Laboral que obliga a los organismos del Estado a reservar un 1% de sus plazas de trabajo para personas con algún grado de discapacidad. En el caso de las empresas privadas, corre la misma regla solamente si tienen más de 100 trabajadores.
Asimismo, ya no se podrá pagar menos a quienes tengan discapacidad debido a que se eliminó el polémico artículo que permitía remunerar con menos dinero a quienes tuvieran discapacidad cognitiva.
Sobre esto, Fernando Valencia, dueño del restaurant«La Inclusiva», conformado por siete trabajadores sordos, hizo un llamado a hacer crecer la red laboral para personas con discapacidad.
«Hay que abrir más espacios laborales inclusivos y hago ese llamado para que todas las personas puedan poner ese granito de arena para que esta red inclusiva sea mucho más grande», señaló Fernando Valencia.
Así, esta ley que abrirá 25 mil cupos de trabajo también contemplará medidas subsidiarias de cumplimiento en caso de que las empresas no puedan contratar, de manera fundada, a personas con discapacidad.
Para más detalles, revisa la nota completa en el video adjunto.
Este domingo 1 de abril entrará en vigencia la nueva Ley de Inclusión Laboral, que establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad en organismos del Estado y empresas privadas que cuenten con más de 100 trabajadores.
Según cifras entregadas por el Senadis, en el sector privado actualmente hay más de 7.600 empresas con más de 100 trabajadores, por lo que se podrán habilitar más de 25 mil cupos laborales para personas con discapacidad.
En tanto, en el sector público hay 158 instituciones en las cuales se deberían habilitar cerca de 2.500 cupos para personas con discapacidad.
De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de las personas de 18 años o más del país está en situación de discapacidad; es decir, más de dos millones seiscientas mil personas. De ellos, solo el 39,3% tiene empleo.
¿QUIÉNES SE VERÁN BENEFICIADOS POR ESTA LEY?
Para ser beneficiario de esta ley se debe poseer una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier discapacidad calificada previamente por lasa Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dependientes del Ministerio de Salud (Minsal) y a las instituciones públicas o privadas reconocidas para estos efectos.
PRINCIPALES PUNTOS
Entre otras cosas, la normativa suprime la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores con discapacidad mental, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.
Además, fija en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje con personas con discapacidad mental; prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad, quienes, también, contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado.
Es importante recalcar que las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación. Optar significa una discriminación arbitraria por motivos de discapacidad, protegido por el ordenamiento jurídico, así como una violación al principio de igualdad de oportunidades el cual protege a las personas con discapacidad de cualquier discriminación por razón de discapacidad.
¿QUIÉN FISCALIZA?
En el sector privado la fiscalización del cumplimiento de la nueva normativa le corresponde a la Dirección del Trabajo, quien debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de trabajo, celebrados por las empresas con las Personas con Discapacidad o pensionados por invalidez. Dicha información debe ser ingresada en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las empresas en el plazo de 15 días siguientes a la celebración de dichos actos jurídicos.
En el Día Mundial del Síndrome de Down, Alfredo Moreno compartió con personas con discapacidades en distintas actividades realizadas en Providencia.
Respecto a su inclusión, principalmente en el ámbito laboral, el ministro de Desarrollo Social señaló que «requiere del mundo político y privado. El desafío hoy es que muchas empresas que ya comenzaron a trabajar con personas en situación de discapacidad puedan, en adelante, transmitir su experiencia de inclusión a otras empresas».
Sobre la situación que viven ellos en el país, el secretario de Estado apuntó que «son muchas las organizaciones que actualmente trabajan para lograr una real inclusión. La capacitación permite el desarrollo socio-laboral de personas con discapacidad que buscan una oportunidad de trabajo, y esto debe ser replicado por las instituciones públicas y privadas, considerando, por ejemplo, que es el país latinoamericano donde más nacen personas con Síndrome de Down«.
A partir del domingo 1 de abril, en tanto, comenzará a regir la Ley de Inclusión Laboral: cada empresa o institución pública con más de 100 trabajadores, debe tener a un 1% de personas con discapacidades.
Más de mil empresas de la región tendrán que cumplir con la ley de inclusión laboral a contar del 1 de abril. Son aquellas que cuentan con más de 100 trabajadores y que deben mantener al menos un 1% de personas con discapacidad en su dotación.
La normativa no contempla el tipo de contrato que deben tener, pero lo importante es que se respeta la dignidad, eliminando la discriminación, por ejemplo salarial. Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral.
En el supermercado A Cuenta de la avenida Gran Bretaña en Hualpén, las autoridades hicieron difusión de esta ley. Alejandra Araneda, gerente de ventas indicó que ya cuentan con cerca de 600 colaboradores en el país con algún tipo y grado de discapacidad, dos de ellos en Hualpén.
Jaime Arias, en representación de la Dirección del Trabajo, comentó se realizarán fiscalizaciones de manera presencial y digital; y en caso de incumplimientos, se puede llegar a multas de 3 a 90 UTM por empresa.
La ley de Inclusión Laboral será evaluada al tercer año para medir el real impacto de la cuota en el empleo para personas con discapacidad y la eventual mantención o aumento del 1% para las empresas.
Ya han pasado siete meses desde que la Presidenta, Michelle Bachelet promulgó la Ley 21.015 que establece la cuota obligatoria del 1% de Inclusión laboral para Personas en situación de Discapacidad en empresas u organismos públicos, que cuenten con cien o más trabajadores. Esta Ley, tenía seis meses para que sus reglamentos se dictarán. Estos son los que dan validez e inicio a esta anhelada ley para nosotros, las Personas en situación de Discapacidad.
Un mes de retraso, es excesivo. Las Personas en situación de Discapacidad debemos esperar que la gente que no necesita los ascensores dejen de usarlo, esperar que desocupen los baños exclusivos (cuando los hay), que llegue Carabineros para fiscalizar el mal uso de un estacionamiento reservado, que la persona que ocupa el asiento preferencial deje de hacerse la dormida, que se puedan transitar por espacios públicos, que la televisión se digne a usar Lengua de señas. Entre muchas más frustrantes situaciones cotidianas.
Basta de esperar, es urgente tener vigente esta Ley, por nuestro derecho y dignidad.
Peter Loch Troncoso
Fundador y Director en Fundación Wazu.
