A ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.015, es justo decirlo: hoy Chile cuenta con una normativa robusta que no solo obliga a contratar personas en situación de discapacidad, sino que además logró instalar un tema que antes simplemente no existía en la conversación pública.
Hace ocho años, hablar de inclusión laboral era, en muchos espacios, un gesto voluntario. Hoy es una obligación legal. Y eso importa. Pero el problema no está en la ley. Está en su cumplimiento.
Los datos del último informe de agosto de 2025 muestran una realidad preocupante: las cifras siguen siendo bajas e insuficientes para el estándar que como sociedad deberíamos exigirnos. En simple: tenemos una buena ley, pero aún no está ocurriendo lo suficiente en la práctica.
Desde Fundación Wazú valoramos que exista una normativa vigente que permita avanzar en inclusión. Es un buen punto de partida. Sin embargo, la falta de fiscalización nos mantiene con niveles de cumplimiento muy por debajo de lo esperado, tanto para la fundación como para el país.
Y ahí está el punto crítico: la fiscalización. Sin fiscalización efectiva, cualquier ley —por buena que sea— corre el riesgo de transformarse en una declaración de intenciones. Hoy lo que vemos es justamente eso: empresas que cumplen parcialmente y otras que optan por medidas alternativas sin generar inclusión real.
Porque no se trata solo de cumplir una cuota. Se trata de cómo se cumple.
En este escenario, uno de los avances relevantes ha sido la incorporación de la figura del gestor o gestora de inclusión, que permite realizar diagnósticos organizacionales, impulsar capacitaciones y acompañar procesos internos. Sin embargo, también aquí aparece una
debilidad estructural: la ley no establece estándares mínimos claros.
Lo que hoy existe va en la dirección correcta, pero deja espacio a la discrecionalidad. Por ejemplo, no hay claridad respecto a la cantidad de capacitaciones que deben realizarse, lo que permite que cada empresa defina su propio nivel de compromiso.
Esa flexibilidad, que en teoría busca adaptarse a distintas realidades, en la práctica termina generando desigualdad en la implementación. Y la inclusión no puede depender del criterio. Tiene que ser un estándar.
Hoy, el desafío es avanzar desde la instalación del tema hacia su consolidación real. Eso implica fortalecer la fiscalización, definir criterios más claros y asumir que la inclusión no es un favor ni una carga, sino una oportunidad concreta de desarrollo para las organizaciones y para el país.