«Hablo con las organizaciones, saben del compromiso que asumí para que las demoras en los pagos se resuelvan lo más rápido posible», afirma a LA NACION la vicepresidenta Gabriela Michetti , en respuesta al reclamo de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad que tienen deudas del programa Incluir Salud . Explica que, a partir de la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad , ella preside una Comisión Interministerial «que lleva adelante estas políticas y sigue bien de cerca cada una de las problemáticas» con las que se encontraron, que «son muchísimas».
En estos últimos días se destrabaron varios fondos del programa Incluir Salud, pero las organizaciones aún reclaman varios meses de demora. ¿Por qué se llegó a esta situación?
Más allá de que la Agencia fue creada en septiembre del año pasado, Incluir Salud pudo empezar a liquidar una vez que estuvo designado Pablo Atchabahian como director y se concretó el pase administrativo de los fondos. Estábamos al tanto de las deudas e hicimos todo lo posible para apurar los tiempos del traspaso. Al día siguiente de su nombramiento, ya se estaban pagando de más de 500.000.000 pesos por día.
¿Cuándo van a estar resueltas las deudas?
A principios de mayo asumimos el compromiso de regularizar la situación en 60 días. Y así lo estamos haciendo. En mayo se terminaron de pagar todas las deudas de 2017 e, incluso, en algunos casos, enero de 2018, con el objetivo de en junio pagar febrero y marzo, y llegar a julio con la demora permitida de tres meses, que es lo que contempla la ley. De cara al futuro, nuestra meta es acortar lo más posible esos plazos.
¿Cómo se establecen las prioridades de pago habiendo tantas instituciones afectadas?
Hay más de 900 instituciones en todo el país, por eso, escuchamos a las organizaciones, con las cuales tenemos un diálogo fluido. Nos reunimos en varias oportunidades y les preguntamos quiénes estaban en las situaciones más críticas. En general, eran las más chicas y empezamos a pagarles primero. Pero se está cumpliendo el plan de pago acordado con todas. Es un esfuerzo administrativo enorme porque el sistema no estaba ordenado.
¿Cuál es la misión de la Agencia?
Queremos tratar los temas de discapacidad siguiendo la Convención de las Naciones Unidas y, para eso, se tiene que producir un cambio cultural: la discapacidad tiene que ser para la Argentina una política de Estado. Logramos reunir toda la problemática en un mismo instituto nacional a la altura de la presidencia o vicepresidencia. Si yo no estuviera en silla de ruedas, esto no habría pasado. Nuestro objetivo es dejar de ser asistencialistas para convertirnos en un órgano que realmente promueva la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, donde puedan capacitarse, estudiar y trabajar. El objetivo es que la política en materia de discapacidad este enmarcada en el paradigma de los derechos humanos y no en el médico. Una parte son los programas de salud, pero tiene que haber otros. Las transferencias económicas deberían ser las mínimas, los subsidios te colocan en el lugar de discapacitado y no como persona.
¿Qué presupuesto tienen asignado?
La Agencia cuenta con un presupuesto de 95.669.000.000 de pesos para 2018, de los cuales el 82,1% se usa en pensiones y solo un 17.9% se utiliza para las políticas públicas (el 17,1% es de Incluir Salud).
¿Cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron?
Empezamos a trabajar en tres planos: orden, diagnóstico y planificación. El primer paso fue armar el mapa de la situación y comenzar a ordenar cada área, algo que nos llevará un año más. Recorrimos las organizaciones para ver qué pasaba con este tema en la Argentina, fuimos a más de 400. Una de las cosas que detectamos es que la mitad está ubicada en el centro norte y que hay una desprotección enorme en el resto del país. Por eso, la idea es diseñar una política que apunte a esa realidad y a que las provincias asuman una corresponsabilidad. El Estado tiene que organizar esto, porque los recursos son finitos.
¿Cómo es el trabajo con otras áreas del Estado?
Pusimos en marcha el Plan Nacional de Discapacidad, que tiene el objetivo de construir políticas públicas a través de más de 60 proyectos articulados con distintos ministerios. Por ejemplo, con el de Modernización vamos a hacer un censo para ver dentro del Estado nacional cuántas personas con discapacidad hay contratadas y saber si cumplimos con el cupo del 4%. También en las empresas proveedoras del Estado. Otro de los deberes de la Agencia es visibilizar y concientizar. Por eso, durante todo el año vamos a estar haciendo campañas publicitarias disruptivas. Somos el primer país que tomó una iniciativa de Estados Unidos y desde hace unos días adoptamos un nuevo símbolo de discapacidad, que tiene movimiento, que tiene vida. Ya se está aplicando en Nueva York y otras ciudades norteamericanas. Lo vamos a llevar a las Naciones Unidas como tema. Es una forma de empezar a cambiar la cabeza, aunque sea con algo chiquito.
